Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- La incidencia de fraudes cibernéticos se ha incrementado significativamente, por lo que los usuarios de servicios bancarios y quienes acostumbran realizar compras por Internet deben ser más cuidadosos, advirtió Roberto Carlos Ruiz Silva.
El asesor jurídico, perteneciente al Instituto Federal de Defensoría Pública, alertó de lo anterior a la ciudadanía e hizo un exhorto para evitar ser víctima de la delincuencia cibernética.
Recomendó a los usuarios de servicios bancarios no contestar correos electrónicos donde les soliciten información confidencial sobre sus tarjetas o cuentas bancarias.
Tampoco se deben contestar correos en los que se ofrecen recompensas por ayudar a personas de otros países, que presuntamente quieren recuperar una herencia o hacer una transferencia a México.
Dijo que muchas personas acuden al Instituto para que los asesoren en juicios legales, para intentar recuperar dinero que les sustrajeron de sus cuentas o del cual los despojaron a través de una estafa por Internet.
“Tengo un caso de una persona a la que le llegó un correo presuntamente de su banco, en el que le pedían actualizar datos de su cuenta. Creyó en la autenticidad del requerimiento y entregó la información, con la cual, lamentablemente, le vaciaron su cuenta. Le robaron casi 400 mil pesos”, indicó.
Y añadió: “Mi oficina conoció el año pasado de 15 juicios por fraudes cibernéticos; pero definitivamente hay muchos más, porque la instancia que los conoce de primera mano es la Condusef”, indicó.
Los fraudes o afectaciones más comunes ocurren con el uso de las tarjetas de débito o crédito, cuando las tiendas o prestadores de un servicio aplican un doble cobro.
También son frecuentes los casos de cuentahabientes a quienes les roban su tarjeta bancaria y hacen compras con ella.
“En esos casos, por lo general la tarjeta o el banco tienen un seguro que garantiza la devolución del dinero sustraído, pero el usuario debe hacer un trámite ante la Condusef”, detalló.
Cuando el reclamo no procede, la alternativa para los afectados es iniciar un juicio, y para ello muchos acuden ante el Instituto de Defensoría Pública.
