Dallas, 8 Nov (Notimex).- Rubén Ramírez Cárdenas, guanajuatense de 47 años, se convirtió en el décimo primer mexicano ejecutado en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976.
Ramírez Cárdenas, declarado culpable de un homicidio cometido en 1997, murió la noche de este miércoles luego de recibir la inyección letal en una cárcel de Texas.
La primera ejecución de un mexicano en Estados Unidos fue la de Ramón Montoya Facundo, en Texas el 25 de marzo de 1993. Fue acusado de la muerte de un policía en Dallas.
Su muerte indignó a una buena parte de la sociedad mexicana y levantó una nueva barrera en las relaciones entre los dos países.
El entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, criticó a Estados Unidos al señalar que «en México estamos a favor de la vida, contra la aplicación de la pena de muerte porque consideramos a la rehabilitación lo más importante».
Tres años después, Texas realizó la segunda ejecución de un connacional: Irineo Tristán Montoya, el 18 de junio de 1996. La aplicación de la pena capital también despertó indignación y causó protestas.
El 17 de septiembre de 1996 fue ejecutado en Virginia otro mexicano, Benjamín Mario Murphy. Luego, el 9 de noviembre de 2000 en Texas fue ejecutado Miguel Ángel Flores.
Las ejecuciones de Murphy y Flores también fueron causa de protestas formales de México, aunque no provocaron mayor controversia.
Sin embargo, la quinta ejecución, la de Javier Suárez Medina, efectuada en Texas el 14 de agosto de 2002, causó un revuelo mayor luego que el entonces presidente Vicente Fox suspendió una visita a esta entidad en señal de reproche.
Ángel Maturíno Resendíz, multihomicida conocido en Estados Unidos como el «asesino de las vías», fue el sexto mexicano ejecutado, en Texas el 27 de junio de 2006.
En ese caso, la aplicación de la sentencia pasó casi desapercibida en México. Las autoridades mexicanas hicieron esfuerzos por salvar la vida de su connacional, pero éste optó por hacer a un lado las apelaciones y someterse al castigo.
Luego, Texas desafió el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que ordena a Estados Unidos revisar las sentencias de pena de muerte impuestas contra 51 mexicanos.
Ejecutó en mayo de 2008 a José Ernesto Medellín, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, frontera con Estados Unidos. La ejecución colocó a Texas en pleno desacato de acuerdos internacionales.
Medellín era uno de los 51 mexicanos amparados por el fallo de la CIJ, según el cual Estados Unidos debía revisar los casos tras determinar que en su detención se habían violado sus derechos a la asistencia consular.
En su fallo, la corte internacional dictaminó que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963, al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática.
En el 2008, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que Texas no está obligado a acatar el dictamen de un tribunal internacional, al no existir una ley interna federal que la obligue a ello.
Sin embargo, el dictamen no impide que las entidades con mexicanos sentenciados al castigo capital puedan revisar sus casos en forma voluntaria, como se lo han solicitado a Texas, el gobierno de México y otras instancias internacionales.
En julio de 2011, Texas volvió a cometer una “violación irreparable” del fallo de la CIJ, al ejecutar a Humberto Leal, originario del norteño estado mexicano de Nuevo León.
Las autoridades de Texas volvieron a incurrir en un desacato a la justicia internacional, al realizar la ejecución del morelense Edgar Tamayo Arias, el 22 de enero de 2014.
Meses después, la historia se repitió al aplicarse la pena de muerte a Ramiro Hernández Llanas, el 9 de abril de 2014, por el homicidio de un ranchero y profesor universitario en 1997.
Hernández Llanas, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue el décimo y el último de los mexicanos que había sido ejecutado en este país.
