WASHINGTON, EU., noviembre 11 (Notimex)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Venezuela a derogar la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, por considerar que puede conducir a una “grave afectación” del derecho a la libertad de expresión en el país.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH “considera de la mayor importancia que las autoridades dejen sin efecto la norma aprobada”, indicó el ente en una declaración.
Es necesario que se “rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”, apuntó, llamando a realizar una “discusión abierta y participativa” sobre el tema “a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos”.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó por unanimidad el pasado miércoles la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, propuesta por el presidente Nicolás Maduro.
El estatuto de 25 artículos castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación, resaltó la SIP.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó su “grave preocupación” debido a las sanciones penales “exorbitantes” que contempla, y las facultades que da al Estado para censurar a medios tradicionales e internet, en contradicción con los estándares internacionales.
Recordó que antes de su aprobación, el presidente Nicolás Maduro declaró que el objetivo de la ley era contrarrestar la campaña de odio, terror y violencia que ha sido promovida “por los sectores extremistas de la oposición”.
En un comunicado, la relatoría señaló que al instrumentar los principios del texto adoptado, la ley desconoce y suprime el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
Mediante “figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, el Estado podrá castigar expresiones que pueden estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión e incluso suprimir contenidos, al otorgarse al Estado la facultad de bloquear sitios en internet y revocar las licencias de los medios de comunicación”, agregó.
