Mauricio Zapata.-
Cd. Victoria, Tam.- La Comisión de Estudios Legislativos del Congreso de Tamaulipas aprobó en segunda lectura la creación de una ley, a fin de que la iniciativa privada se encargue de llevar a cabo programas, proyectos y obras públicas del Gobierno estatal.
A iniciativa de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se propuso la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Tamaulipas, para que estas operen proyectos productivos a largo plazo.
El dictamen, enviado al pleno legislativo para su aprobación final, señala que a través de esta nueva ley se reúne al sector público y a inversionistas privados para desarrollar obras y programas con fines sociales, productivos o de eficiencia administrativa del gobierno.
El documento indica que con las asociaciones público privadas se logrará satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios públicos con recursos y financiamiento limitados, ya que en muchas ocasiones el gobierno se enfrenta a problemas económicos o presupuestales.
Por medio de esta nueva ley, en caso de aprobarse ya en el pleno, se generarían mejores condiciones de certidumbre al sector privado interesado en participar en el desarrollo de proyectos de infraestructura para la provisión de servicios públicos.
Y es que se permitiría establecer una distribución de riesgos más eficiente, promover la competencia en las licitaciones y mejorar las condiciones de financiamiento para las obras de infraestructura, dotando de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos.
La presente iniciativa tiene como objetivo general fortalecer la economía local y a la vez generar mejores servicios públicos, puesto que se fomentan las inversiones y se crea una mejor infraestructura para el bienestar social en favor de los tamaulipecos.
“Además de que, generalmente, a mayor participación de la sociedad civil en las referidas actividades hay un reflejo y un beneficio directo en la reducción de los índices de corrupción y, en consecuencia, de impunidad; es decir, a mayor participación de la sociedad civil en las actividades públicas, mayor nivel cultural y mayor crecimiento económico”, señala el documento.
