CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El PRI impulsó a toda prisa una propuesta de ley en el Congreso el jueves con el fin de justificar que las fuerzas armadas de México asuman tareas policiales, pese a objeciones de grupos defensores de los derechos humanos y legisladores opositores que dicen llevará a una militarización por tiempo indeterminado.
Partidarios de la medida dicen que los soldados mexicanos tienen que seguir en las calles para combatir a las pandillas, dada la incapacidad y la corrupción de los policías locales. Pero los opositores dicen que ésa es otra razón para tener un debate calmado y detallado sobre si la ley debería permitir que el ejército realice las tareas policiales indefinidamente y bajo qué límites.
El apresurado proceso de aprobación, en el que miembros de la Cámara de Diputados debatieron y votaron sobre un proyecto de ley que aparentemente la mayoría no tuvo tiempo de leer, significó que no hubo un debate minucioso y razonado.
“Bla, bla, bla. La realidad es que siempre votan en contra de absolutamente todas las iniciativas”, dijo Arturo Álvarez, congresista del Partido Verde, el cual es un aliado del gobernante Partido Revolucionario Institucional. “El hecho es que aún tenemos que tener fuerzas armadas en las calles”, agregó.
Continúa sin saberse si habrá más debate en el Senado, que ahora analizará la legislación.
El proyecto de ley fue sometido a votación por una comisión de la cámara baja, una o dos horas antes de que fuera aprobado por la cámara completa por 248-115.
“Hoy esta legislatura escribirá… La página más vergonzosa y más bochornosa por la que vamos a trascender en la vida pública de México”, dijo Jorge Álvarez, del partido Movimiento Ciudadano. “La mayoría de los diputados y diputadas que están aquí hoy para votar, no conocemos el dictamen”.
La ley permitiría a los soldados hacer legalmente lo que han estado haciendo ad-hoc por al menos una década: efectuar redadas y establecer retenes en carreteras, así como perseguir y detener a sospechosos.
Los partidarios argumentaron que la medida permitiría a los soldados actuar solo por periodos renovables de un año en los estados en los que el presidente haya emitido un veredicto de que las fuerzas de la policía local no están a la altura de la situación. Los detractores dijeron que eso podría hacer que los despliegues sean renovables infinitamente.
Los críticos también cuestionaron una cláusula que clasificaría como “secreta” cualquier información sobre los operativos.
Dijeron también que el proyecto de ley le facilitaría al presidente declarar un estado de emergencia y enviar al ejército a las calles, y advirtieron que existe una posibilidad de usar a las tropas no solo para luchar contra los cárteles, sino también para reprimir los movimientos de protesta si estos no son “pacíficos”.
«Estamos haciendo un trabajo sobre las rodillas y muy poco profesional», dijo el congresista opositor Jorge Triana, del Partido Acción Nacional. «Lo que está buscando esta ley es convertir la excepción en regla».
El centro de estudios Washington Office on Latin America escribió que «formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentaría un precedente sumamente negativo en América Latina», donde arreglos así se están volviendo más comunes.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha enfrentado una violencia que ahora es considerada peor que durante los días más oscuros de la guerra contra el narcotráfico de México. El PRI utilizó viejas tácticas para limitar el debate y apresurar la aprobación de la medida, incluido el reclutar aliados para que recurran a una retórica nacionalista con el fin de atacar a los grupos internacionales de derechos humanos que critican la propuesta.
“No escucharemos tampoco una imposición desde el extranjero que vulnera la soberanía al querer definir por nosotros qué tipo de legislación tenemos que tener”, aseveró Norma Martínez Guzmán, congresista del pequeño Partido Encuentro Social, otro aliado del PRI. “Ojo, esto es una insistencia que hemos visto desde diferentes organizaciones que vulnera profundamente nuestra soberanía”.
Los gobernadores estatales de México y el partido gobernante tienden a favorecer esta ley, que autoriza la presencia del ejército de acuerdo con reglas poco estrictas e indeterminadas porque les quita a ellos la presión de enfrascarse en el largo, costoso y difícil proceso de entrenar, equipar y pagar a policías en los que se pueda confiar y no terminen trabajando para los cárteles de droga.
Decenas de grupos defensores de los derechos humanos emitieron un comunicado la víspera del análisis de la nueva ley, y exhortaron a fortalecer las instituciones policiales en lugar de aprobar la propuesta.
«Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar», escribieron.
Los partidarios dijeron que el proyecto incluye unos requerimientos al ejército _el cual ha sido acusado en repetidas ocasiones de cateos y arrestos ilegales, y en algunos casos de haber ejecutado a los sospechosos_ para que respete los derechos humanos.
«El tema de derechos humanos es un tema que se cuida y se cuida bien» en la ley, aseveró César Domínguez, legislador del Partido Revolucionario Institucional por el estado norteño de Chihuahua. «No podemos garantizar las libertades y el ejercicio pleno de estos derechos si no hay un clima de seguridad o no tenemos paz».
El Ejército y la Marina son algunas de las pocas instituciones que todavía gozan del respeto de la población de México. Algunas regiones _como en el estado fronterizo de Tamaulipas_ dependen por completo de las fuerzas armadas para que puedan mantener algo del orden. Esto como consecuencia de que todas las fuerzas policiacas locales fueron disueltas debido a que sus elementos estaban en la nómina de los cárteles de droga.
Hoy en día, el Ejército opera bajo una clausula ambigua que lo autoriza a “auxiliar” a las agencias civiles del orden público cuando sea requerido.
Pocos en cualquiera de los dos lados culpan al Ejército, que ha dejado claro que preferiría regresar a sus cuarteles y concentrarse en las tareas para las que fue entrenado.
“Ellos no se metieron, los metieron”, dijo la congresista Norma Nahle del partido izquierdista Morena. Sin embargo, apuntó que las quejas sobre violaciones a los derechos humanos que involucraban a las fuerzas del Ejército se incrementaron de 190 casos al año _antes de que se llamara al Ejército en 2006_ a 1.075 en los últimos años.
Las reglas ya implementadas especifican que los soldados acusados de violar los derechos de los civiles deben ser procesados en tribunales civiles y no militares.
