CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (Agencias)
Ante el creciente flujo de recursos públicos o de origen ilegal a financiar campañas y candidatos, académicos y expertos en transparencia y anticorrupción propusieron castigar el abstencionismo, bancarizar el cien por ciento de todos los recursos del Gobierno y prohibir la totalidad de la propaganda gubernamental durante campañas.
El director de Integralia y ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, vio como medida sancionar el abstencionismo, eso “destruiría los fundamentos lógicos del clientelismo y podría subir la participación electoral a niveles de 85 o 90 por ciento”.
Eso haría que no fuera rentable pagar el traslado de votantes ni intentar comprar una elección, estableció.
En el Seminario Internacional Política y Dinero, Democracia vs Corrupción, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), Ugalde expuso que el propósito de promover la bancarización es porque el flujo irregular de dinero en campañas y no fiscalizable, es en efectivo y se va para la operación de tierra de las campañas: traslado de votantes y compra y coacción del voto.
Reveló que se han identificado siete fuentes de liquidez de actividades de Gobierno y cuyos recursos suelen irse a campañas: uso de facturas falsas, ingresos en efectivo por pago de impuestos, sobrecostos en adquisiciones u obras públicas, las subcontrataciones forzosas, los descuentos vía nómina para partidos, pagos de permisos de construcción o ambulantaje y programas sociales.
Por eso es que combatir el dinero ilegal en política no está en las manos del INE, remarcó y podría avanzarse mucho con la bancarización.
Juan Pardiñas, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), alertó que la situación de uso de recursos públicos en 2018 en campañas podría agravarse por una reforma legal pendiente en el Senado.
Hace unas semanas la Cámara de Diputados reformó la Ley de Disciplina Financiera de los estados, para quitar el candado que había para que cualquier ingreso excedente, no presupuestado, ya no se vaya para pago de deuda o para fortalecer sistemas de pensiones de los trabajadores públicos, sino que ahora “la mayoría delos estados podrán usar estos recursos para gasto corriente en el 2018”.
Además, recordó, IMCO documentó que los estados suelen presupuestar 15 por ciento por debajo del dinero que reciben, por lo que de haber economías esos recursos excedentes los podrían usar de forma discrecional, sin necesidad de aval de los Congresos para gasto corriente en año electoral.
