Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- A través de una ley que será expedida en breve, el Gobierno del Estado y los municipios pondrán orden en los cientos de negocios dedicados a la venta de autopartes usadas, conocidos popularmente como “yonques”.
Para lograrlo, el Ejecutivo local envió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto que contiene la ley que regula los establecimientos dedicados a la compra-venta de vehículos automotores y sus autopartes para el estado de Tamaulipas.
Con ello, las autoridades estatales buscan evitar que los “yonques” sigan siendo destino de vehículos robados y que se conviertan en foco de contaminación del medio ambiente.
Para evitar que eso siga sucediendo, la ley facultará al Gobierno del Estado y a los municipios a autorizar el funcionamiento de cada negocio de ese ramo.
El Gobierno del Estado expedirá el permiso para la instalación, funcionamiento y operación de los establecimientos, mientras que los ayuntamientos serán los competentes para otorgar la licencia de ocupación y autorización de uso de suelo.
El permiso deberá renovarse cada año.
En la exposición de motivos, la iniciativa, que será analizada y dictaminada por los diputados después del 15 de enero, señala que:
“Se pretende lograr un clima de confianza y de seguridad para las partes, tanto los que ofertan como los que demandan piezas de vehículos automotores a bajo precio, con la seguridad de que se va a comercializar un producto que tiene una legal procedencia”.
De esa manera, se prevendrá el robo de vehículos automotores y se protegerá el medio ambiente.
Entre las obligaciones que impondrá la ley a los establecimientos destaca llevar un registro documentado de los vehículos automotores y autopartes que tengan en venta.
El propietario del negocio deberá entregar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) un reporte mensual de las operaciones que realizan, con los datos de identificación de las personas físicas o morales que enajenaron los bienes, así como la cantidad pagada con motivo de la operación realizada, la fecha en que fue celebrada la misma y el número de serie del vehículo automotor.
Con esa información, la PGJE podrá cotejar datos de vehículos o autopartes para detectar cuando se trate de unidades robadas.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) hará visitas de verificación e inspección a cada negocio.
El ordenamiento normativo prevé, en su capítulo IX, sanciones contra los establecimientos que incurran en infracciones al mismo, las cuales irán desde la clausura temporal o total, hasta la imposición de multas que van desde 50 hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las sanciones monetarias serán independientes de las de tipo civil, penal y fiscal que puedan generarse.
Por ejemplo, algunas causas de sanción son: la falta de entrega a la PGJE de un reporte mensual sobre el inventario de vehículos y autopartes; no exhibir en lugar visible la licencia o permiso de funcionamiento, y obstaculice los actos de inspección o verificación, o niegue la información que le requieran las instancias de gobierno.
