CARACAS (AP) – El expolicía Oscar Pérez, que se rebeló a mediados del año pasado contra el gobierno de Venezuela, murió en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el oeste de la capital en la votación, anunció el martes el ministro de Relaciones Interiores.
En un mensaje divulgado en la televisión estatal, el alcalde general de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, dijo que dos policías y siete miembros del grupo rebelde, entre ellos una mujer, perecieron durante la operación de desmantelamiento de la organización que calificó como «célula terrorista «.
Reverol dijo que seis personas, que fueron identificadas como miembros, colaboradores y financistas del grupo, fueron detenidas y se quedaron sin el armado de las fusiles que formaban parte de un lote de armas que fue robado el mes pasado a un comando de la Guardia Nacional, uniformes militares, municiones y granadas de humo.
El ministro presentó las fotografías de Pérez de 36 años y otras personas que murieron en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en una operación especial en la barriada pobre de El Junquito, al oeste de Caracas, en la que varias decenas de policías y militares .
Los policías fallecidos respondieron a los nombres de Andriun Ugarte de 32 años y Nelson Chirinos de 29, mientras que los rebeldes fueron identificados como Daniel Soto, 30; Abraham Lugo, 30; Abraham Agostini, 33; Jairo Lugo, y una mujer de 26 años que aún no ha sido reconocida por las autoridades.
Reverol expresó que las autoridades lograron ubicar a los miembros del grupo en El Junquito gracias al análisis de evidencias, una entrevista reciente que presentó un miembro del grupo a un medio internacional y la información que aportaron «algunos dirigentes políticos» que están participando en el proceso de diálogo con el gobierno, pero no con detalles detalles.
La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática rechazó los comentarios del ministro en los que implicaban a los dirigentes políticos en el caso y reconocían el alto funcionario de los diálogos. El delegado opositor, diputado Enrique Márquez, dijo a la prensa que denunciará un Reverol ante los facilitadores internacionales del proceso.
Al explicar las razones que llevaron a los policías y militares a enfrentar a los rebeldes, el planteó que todos los intentos para lograr una redición pacífica y negociada del «grupo terrorista armado fuertemente armado de manera artesanal, mal intencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad «.
«Ante una agresión que pone en riesgo la vida y las funciones de los funcionarios se procesó con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor», agregó.
Pérez, quien se dio la bienvenida tras atacar en junio pasado fue un usuario inesperado de este video en Twitter, un video en el que se observaba con el rostro lleno de sangre y un fusil a su lado.
El expolicía aseguró que las fuerzas de seguridad lo mantenían cercado en el lugar donde estaba escondido junto a otras personas y que le estaban señalando.
«Nos vamos a entregar», gritó Pérez mientras se escuchan al fondo algunas detonaciones de armas de fuego. «No quiero dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar», agregó.
En las redes sociales se han difundido algunos videos del momento en el que unos supuestos oficiales se dispararon a distancia una lanza granada antitanque contra una vivienda donde se presumía estaba Pérez con los miembros de su grupo. El uso de lanza granada fue confirmado por Pérez en uno de los videos que difundió antes de morir.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó más temprano el martes la creación de una comisión especial para la inversión de los hechos.
La diputada opositora y presidenta de la comisión especial, Delsa Solórzano, exigió a las autoridades la entrega de los cuerpos de los rebeldes fallecidos a sus familiares y que no sean cremados. «Deben preservar los cuerpos para garantizar resultados transparentes de la investigación», dijo Solórzano en su cuenta de Twitter.
La Organización Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió en un comunicado al gobierno informar acerca de manera precisa sobre los hechos ocurridos en El Junquito. A los questionamientos también se sumó el partido opositor Primero Justicia que criticó la ausencia del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en la operación.
El exactor de una película policial atacó el 27 de junio las sedes capitales del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia desde el helicóptero de la policía judicial que tenía un base aérea aérea militar de Caracas. En esa oportunidad el expolicía destacó que sus acciones fueron vistas planeadas para no ocasionar víctimas.
