Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.- Ayuntamientos, cámaras empresariales y miembros de la sociedad civil de varias entidades del país, preparan acciones legales para inconformarse en contra de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, pues aunque el Ejército Mexicano ha hecho una gran labor, “también ha cometido algunas injusticias”.
Si bien hay entidades que enfrentan una problemática originada por las bandas delincuenciales, la seguridad a la población no necesariamente la tiene que proporcionar el Ejército Mexicano o la Marina Armada de México (Semar), declaró Arcenio Ortega Lozano, representante del Partido del Trabajo (PT).
Refirió que la Ley de Seguridad Interior vulnera la autonomía de los ayuntamientos y los derechos de los ciudadanos, de ahí que cámaras empresariales, intelectuales y miembros de la sociedad civil hayan recurrido al amparo ante juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), porque no están de acuerdo en esa disposición.
“Reconocemos la gran labor que hace el Ejército Mexicano, pero también vemos las injusticias que se han cometido en otras entidades del país, en afán de imponer el orden pero sin medida, la Ley pretende militarizar al país y eso no puede ser”, subrayó.
Aseveró que la inseguridad que impera en algunos municipios de la entidad azotados por los grupos delictivos, se debe enfrentar con elementos capacitados, profesionalizados y con equipo especial, a través de una nueva estrategia en la que se contemplen también aspectos que tienen que ver con la educación, el empleo y la prevención del delito.
Ortega Lozano consideró que las acciones implementadas por el Gabinete Nacional de Seguridad para entidades como Tamaulipas no han dado el resultado deseado, e insistió en la necesidad de diseñar acciones que permitan recuperar la paz y la tranquilidad sin vulnerar la autonomía de los ayuntamientos ni los derechos de la población.
En la medida en que se profesionalicen los cuerpos de seguridad en el estado, los elementos del Ejército Mexicano y la Marina Armada irán regresando a sus cuarteles, para dejar en manos del Estado y los ayuntamientos la operatividad y las acciones encaminadas a recuperar el orden, la paz y la tranquilidad de la población.
