SAN JUAN, Puerto Rico, enero 25 (AP)
El Gobernador de Puerto Rico presentó este jueves un plan fiscal revisado que estima una reducción del once por ciento en la economía del territorio caribeño estadounidense y un declive de casi el ocho por ciento en su población para el año que viene.
La previsión difundida por la mañana no reserva dinero para pagar a acreedores en los próximos cinco años, en medio del proceso para reestructurar parte de sus 73 mil millones de dólares de deuda pública. El plan original había apartado 800 millones de dólares anuales para los acreedores, apenas una parte de los 35 mil millones de dólares en intereses y cuotas que vencen en la próxima década.
El plan de cinco años también asume que Puerto Rico recibirá 35 mil millones en fondos federales para ayudar a su recuperación tras el huracán María, y otros 22 mil millones de dólares de aseguradoras privadas.
Algunos analistas vieron esa suposición como arriesgada, dado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias dijeron hace poco a las autoridades puertorriqueñas que retendrán de forma temporal miles de millones de dólares autorizados el año pasado por el Gobierno para la recuperación del huracán porque creían que la isla ya tenía fondos suficientes.
“Creo que contar con 30 mil millones es una exageración”, dijo el economista puertorriqueño José Caraballo en una entrevista telefónica. “Hay mucha incertidumbre en ese sentido, sobre todo con un gobierno republicano al que le importa poco o nada lo que sucede en Puerto Rico”.
Sin embargo, Caraballo elogió la propuesta de suspender los pagos de deudas durante cinco años, al señalar que esos pagos reducirían la capacidad del Gobierno para proveer servicios esenciales. Pero dijo que el gobierno debería haber aclarado cuánto espera que sea el recorte de la deuda.
Gerardo Portela, director de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera de la isla, no estaba disponible para hacer comentarios en un primer momento, según un portavoz.
El plan no contempla despidos ni nuevos impuestos. En su lugar, el gobernador, Ricardo Roselló, volvió a pedir reformas laborales y fiscales, así como la privatización de la compañía eléctrica del país para ayudar a generar ingresos y fomentar el desarrollo económico tras once años de recesión.
