José del Carmen Perales Rodríguez.-
Cd. Victoria, Tam.- A pesar de ser un procedimiento ilegal, el sector privado denunció que sigue habiendo empresarios que son perjudicados por el congelamiento de cuentas bancarias, principalmente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Seguro Social y el Infonavit.
Julio Ávila Coronado, secretario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Matamoros, dio a conocer lo anterior y añadió que se trata de un procedimiento que no los deja hacer movimientos financieros, pero sí permite que sigan recibiéndose depósitos.
“Se ha detectado que dentro del aseguramiento de cuentas se bloquea la facultad de retiros o movimientos por parte del usuario, pero se sigue permitiendo el ingreso de depósitos, lo cual también afecta y constituye un abuso mañosamente aplicado por parte de las instituciones bancarias”, señaló.
Añadió que esto ocurre a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional la facultad de la SHCP, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, respecto al bloqueo de cuentas bancarias.
“Sin embargo, organismos públicos como el IMSS, Infonavit e inclusive los mismos bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria, continúan realizando congelamientos o embargos precautorios de cuentas no solo a particulares, sino también a empresarios”, señaló.
Detalló el empresario que existen ordenamientos legales o reglamentos que no han sido modificados y permiten realizar este tipo de operaciones, sin embargo, juzgados federales vía juicios de amparo y la SCJN han expresado y se han pronunciado sobre su ilegalidad.
“Solo tienen plena legalidad cuando se ordenan por una autoridad jurisdiccional previo proceso y comprobación, es decir solo por orden de un juez y no por ninguna otra autoridad, y menos de carácter administrativo”, precisó.
Finalmente, Ávila Coronado comentó que esta situación está causando un severo perjuicio a empresarios, “los casos de cuentas congeladas en Tamaulipas son cada vez más frecuentes, e independientemente de la molestia que genera el tener que promover un amparo, los tiempos del proceso pueden ser de tres a seis meses, lapso en el cual el empresario no puede disponer de su dinero ni utilizar la cuenta congelada, generándoles perjuicios en su actividad diaria”.
