noviembre 24, 2024
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marzo 5, 2018 | 228 vistas

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.- A través de las ventajas circunscritas en la justicia alterna, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) espera en este año concretar como mínimo unos tres mil convenios con los derechohabientes que por diversas circunstancias adeudan algún tipo de crédito al organismo.

Hasta ahora, el Instituto ha venido celebrando ese tipo de acuerdos, en un promedio de 500 a 600, en aras de que el derechohabiente utilice los mecanismos y las facilidades que se le está ofreciendo a través de mediadores, incluso, sin necesidad de llegar a medidas extremas legales o de otro tipo, refirió Roberto Danwing Marroquín.

El delegado del Infonavit en Tamaulipas comentó que el convenio que suscribirá el organismo con el Poder Judicial del Estado (PJE) permitirá que un mediador se ponga en contacto con el derechohabiente que tiene una deuda con el Instituto, a efecto de establecer condiciones de pago y otras modalidades.

“La función del mediador será la de acercarse con el derechohabiente, decirle que le conviene firmar un convenio con el Instituto por la oportunidad de pagar, de ponerse al corriente con el adeudo, cuando se trate de aprovechar un descuento, o bien, sea de una reestructuración de su crédito, entre otras cosas”, refirió.

Comentó que el Instituto ya celebró algunos acuerdos en diferentes municipios de la entidad, donde por alguna razón los acreditados no estaban al corriente con el pago de sus adeudos, que ahora les permitirá ir pagando de acuerdo a sus posibilidades económicas.

Danwing Marroquín indicó que la justicia alterna, en la que se contempla la figura del mediador, es una herramienta que le permitirá al derechohabiente en primera instancia reconocer el adeudo, pero a la vez, para que tenga mecanismos con los que se ponga al corriente, en base a cantidades a pagar y tiempo para cumplir con esa responsabilidad.

Indicó que lo que le interesa al Infonavit es que haya ese tipo de acuerdo y no haya necesidad de establecer medidas de otra naturaleza, que podría ser por la vía legal, o bien, cancelarle el crédito y proceder a recoger la casa habitación, aun cuando la ley le faculta al Instituto desde el momento en que deja de pagar.

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