Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene abiertas siete mil 760 carpetas de investigación, de igual número de personas desaparecidas durante los últimos diez años.
María Josefina de León Mendoza, titular de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C, Centro de Memoria y Derechos Humanos, dijo que producto de esas desapariciones existen cerca de 22 mil víctimas indirectas, principalmente esposas e hijos, porque el 73 por ciento de los desaparecidos eran padres de familia.
La activista expuso lo anterior al participar en una mesa de debate sobre, “El papel probatorio de las víctimas en el sistema de justicia penal acusatorio”, organizada por la Casa de la Cultura Jurídica, “Ministro Fernando de la Fuente Sanders”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN).
“Existen en Tamaulipas siete mil 760 carpetas de investigación de personas desaparecidas. De ellas, mil 777 fueron iniciadas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, (que entró en vigencia el 13 de junio del 2016), y cinco mil 983 son del sistema penal anterior”, precisó.
En 23 casos se presume que las fuerzas policiales o armadas tuvieron responsabilidad por lo que podría tratarse de desapariciones forzadas, pero la ausencia de testigos y elementos probatorios ha hecho imposible su comprobación.
De León Mendoza se dijo preocupada por el incremento que están registrando las desapariciones en todo el territorio nacional, incluido Tamaulipas.
“A nivel nacional se estima de forma extraoficial que existen 40 mil desaparecidos, pero las cifras disponibles de la autoridad señalan 32 mil”, detalló.
Explicó que son tantas las víctimas indirectas del delito que el Gobierno está siendo rebasado en su capacidad para atender el mandato de ley que lo obliga a apoyarlas con gastos funerarios, alimento, educación y servicios de salud.
“Tan solo por lo que respecta a los desaparecidos hay en estos momentos aproximadamente 22 mil víctimas indirectas, a las que obligadamente el Gobierno debe de apoyar”, indicó.
Dijo que la creación de una Ley General de Victimas y una Ley General de Desaparición Forzada, vendrán a presionar a los gobiernos para que respeten y protejan los derechos de las víctimas indirectas del delito, pero también para apresurar la búsqueda de los desaparecidos.
Dentro de la Ley General de Desaparición Forzada se establece la figura de la declaración especial de ausencia, que fijara un máximo de seis meses a la duración de un juicio para declarar la ausencia y presunción de muerte de un desaparecido.
De esa manera, explicó, se busca apoyar a las familias de los desaparecidos para que puedan disponer de los bienes patrimoniales o ejercer algún tipo de derecho relacionado con la seguridad social o cobrar un seguro.
