NUEVA ORLEANS (AP) – El agente de la Patrulla Fronteriza de Texas que disparó a través de la frontera hacia México y mató a un adolescente en 2010 no puede ser demandado por la familia del joven, llegando a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos el martes , una decisión que abordó cuestiones diplomáticas y de seguridad nacional.
El Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans es el caso de Sergio Adrián Hernández, de 15 años, quien murió tras ser baleado por el agente fronterizo Jesús Mesa en 2010. El Departamento de Justicia ha dicho que Mesa trata de evitar cruces ilegales en la frontera y que disparó cuando le lanzaron rocas.
Con 13 votos a favor y dos en contra, el tribunal ratificó la improcedencia dictada por un juez de distrito federal sobre las acusaciones de la familia. El caso involucra cuestiones sobre los derechos constitucionales otorgados a los ciudadanos estadounidenses se extienden a los extranjeros más allá de las fronteras de la nación y bajo qué condiciones.
El fallo se suma así a un recorrido histórico a través del sistema legal estadounidense. Luego de que el juez de distrito desestimó el caso, el panel dividido de tres jueces del 5to Circuito revirtió parcialmente el fallo y permitió que la demanda avanzara. El pleno del 5to Circuito evaluó nuevamente el caso y llegó a favor de Mesa. Sin embargo, el tribunal recibió una orden de volver a examinar el caso por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El máximo tribunal dijo que el caso debía reexaminarse a la luz de su fallo de seis a favor y en contra del caso conocido como Ziglar vs Abbasi, en el cual se indicó que los hombres musulmanes estaban detenidos en condiciones hostiles en una prisión de la ciudad de Brooklyn luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 no se puede interponer una demanda contra altos funcionarios del orden público.
Ambas partes del caso de Mesa argumentaron que los detalles en caso de Abbasi levantaon sus pendientes argumentos.
El fallo emitido el martes indicó que se mantenía la improcedencia, que el caso se relacionaba con cuestiones de seguridad nacional, que los agentes fronterizos podían pasar al momento de tomar decisiones rápidas en situaciones peligrosas.
Extender el derecho a exigir en el caso Hernández «interferiría con la supervisión de la seguridad nacional y los asuntos exteriores al poder del gobierno», escribió la jueza Edith H. Jones en el fallo. «Pasaría por alto las explícitas y persistentes negativas del Congreso a autorizar indemnizaciones a los extranjeros heridos en el exterior. Y crearía un remedio con límites inciertos «.
