Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tamaulipas. – Porque el ochenta por ciento de los casos no son denunciados, la bancada del PRI propuso reformar el Código Penal de Tamaulipas para que el delito de extorsión sea perseguible de oficio.
Desde la tribuna legislativa, durante la sesión ordinaria del Pleno Legislativo, el diputado Rafael González Benavides, dijo que la reforma es urgente porque una obligación de los diputados es dotar a la autoridad de instrumentos normativos suficientes para combatir a la delincuencia.
En la exposición de motivos, los legisladores del PRI advirtieron que la redacción actual de los artículos 426 y 438, que tipifican el delito de extorsión, es muy simple, lo cual limita y obstaculiza el actuar de las autoridades.
Por ejemplo, el numeral 426 establece que: “al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo un lucro para si o para otro, causando un perjuicio patrimonial, se les aplicara las penas previstas para el robo”.
“Como se puede observar el artículo contiene una redacción simple. Ni siquiera tiene penas propias porque las aplicables son las del robo” indicó González Benavides.
Por esa razón, dijo, es necesaria la reforma para darle mayor claridad a la definición del tipo penal, hacerlo perseguible de oficio, e incluir como elemento del mismo la afectación a la integridad psicológica de la víctima y no solo la económica o patrimonial.
De acuerdo con un estudio de la organización no gubernamental, “Observatorio Nacional Ciudadano, Justicia y Legalidad”, existen tres modalidades de extorsión: la telefónica, la ciber extorsión y el cobro por derecho de piso.
Además, los argumentos para cometer la extorsión se dividen en tres categorías: engaños, amenazas y secuestros virtuales.
El también ex Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado insistió en que, solamente dos de cada 10 casos de extorsión son denunciados formalmente ante una agencia del Ministerio Público, lo cual hace urgente la reforma.
“Uno de los problemas a que la autoridad se enfrenta es que las víctimas tienen un temor muy natural de denunciar o ratificar las querellas, lo que es comprensible porque no hay garantías para protegerla una vez que se ha iniciado la investigación” detalló.
