VALENCIA, Venezuela (AP) — No pasó mucho tiempo para que la familia de Daniel Márquez se apareciera en la estación de policía, donde el hombre estaba detenido desde hace casi un año, cuando las nubes de humo negro comenzaron a fluir desde el edificio.
Ante las advertencias de los guardias, que los forzaron a salir del lugar, los familiares del detenido debieron observar con horror desde lejos cómo las llamas crecían rápidamente.
Un día más tarde, la familia de Márquez llevó los restos ennegrecidos a su casa en un simple ataúd de madera. La desesperación de los familiares es tan grande como las preguntas que rodean el incendio ocurrido en la comandancia general de la policía del estado central de Carabobo donde fallecieron 68 personas.
«El no merecía morir así», afirmó Sorangel Gutiérrez, cuñada de Márquez, mientras los parientes lloraban delante del ataúd.
Diferentes versiones de lo que pasó en los calabozos de la comisaría surgieron el jueves entre parientes y activistas de derechos humanos en medio de un silencio ensordecedor de los funcionarios que todavía tienen que proporcionar una versión completa.
Carlos Nieto, director de la organización humanitaria Una Ventana a la Libertad, que defiende los derechos humanos de los presos, dijo a The Associated Press que el incendio lo “provocan los reclusos” al prenderle fuego a los colchones porque querían forzar a las autoridades a que “les abrieran la celda y pudieran escaparse”.
Nieto expresó que a pesar que el incidente fue provocado, es “evidente que hubo negligencia a la hora de atenderlos”.
“Al ver la magnitud de lo que estaba pasando los funcionarios tenían que haber actuado, tenían que haberles abierto”, indicó el activista que aseguró que obtuvo la información de los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Entre los fallecidos estaban dos mujeres, familiares de los presos, que estaban pernoctando en la estación policial.
El incendio se dio poco después que algunos presos intentaron secuestrar infructuosamente a dos guardias, precisó Nieto.
Por su parte, la familia de Márquez dijo que recibió una llamada de él poco antes de que el fuego iniciara en la que denunció que los guardias estaban vertiendo gasolina en las celdas, lo que los llevó a ir tan rápido como pudieron al centro de detención de la comisaría de policía.
La AP llamó a la gobernación del estado Carabobo para obtener un comentario sobre la denuncia del familiar, pero no atendieron las llamadas. También solicitó al gobierno vía correo una reacción pero no hubo respuesta de momento.
El Presidente Nicolás Maduro no ha hecho ninguna declaración sobre el hecho. El gobernante difundió en su cuenta de Twitter el video de un encuentro que tuvo en el palacio de gobierno con el actor estadounidense Danny Glover y recordó a los venezolanos que hay cientos de playas e iglesias en todo el país donde pueden pasar las celebraciones de la Semana Santa.
La información más importante hasta ahora la aportó el fiscal general, Tarek William Saab, quien anunció el miércoles que 68 personas perecieron en el hecho, y que se designaron cuatro fiscales para investigar el caso.
Asimismo, el gobernador oficialista del estado Carabobo, Rafael Lacava, dijo en un comunicado difundido por los medios locales que su despacho apoyará las investigaciones de la Fiscalía General para esclarecer los hechos y dar con los responsables que, según advirtió, “deben pagar por los delitos cometidos, tanto por acción como por omisión”.
Lacava anunció que creará un “consejo superior de seguridad estadal” para descongestionar los retenes policiales.
La estación de la policía de Carabobo tenía capacidad para 35 detenidos, pero para el momento del incendio había unas 200 personas en las celdas. En las últimas 24 horas las autoridades desalojaron a unos 70 presos sobrevivientes y los trasladaron a tres cárceles del estado Carabobo, indicó a la AP el activista Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.
El incidente, considerado la segunda mayor tragedia registrada en un centro de detención desde 1994, fue condenado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, que instó en un comunicado a las autoridades venezolanas a llevar adelante una investigación “pronta, exhaustiva, y efectiva”.
Desde hace varios años las organizaciones humanitarias han venido alertando sobre la compleja situación de los centros policiales venezolanos donde se estima que están recluidos 32.600 personas y hay un hacinamiento de más de 450%, según cálculos del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Prado indicó que aunque las leyes establecen que las personas que son arrestadas por los agentes policiales deben estar en las comisarías entre 48 y 96 horas, en los últimos años esa norma no se cumple y los detenidos pasan meses y años en estaciones policiales a la espera que el Ministerio de Servicio Penitenciario les dé un cupo para trasladarlos a las prisiones.
Esa situación ha generado graves problemas de hacinamiento en las comisarías y serias dificultades económicas para las policías debido a que no cuentan con presupuesto para alimentar a los centenares de presos y darles atención médica, precisó el activista.
En 1994 se registró la mayor tragedia carcelaria cuando perecieron 108 reclusos en un incendio en una cárcel de la ciudad occidental de Maracaibo.
