AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Arizona y Texas anunciaron el viernes que enviarán 400 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México en los próximos días en respuesta al llamado del presidente Donald Trump para que los soldados combatan el narcotráfico y la inmigración ilegal.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo que unos 150 miembros de la Guardia estatal serán enviados la semana entrante.
Por su parte, la Guardia Nacional del Ejército en Texas anunció que ya está enviando efectivos como parte de una “oleada inicial”, indicó un portavoz de la Guardia. Dos helicópteros despegaron el viernes en la noche de Austin, la capital de Texas, rumbo al sur.
El teniente coronel Travis Walters dijo que los 250 soldados “son nuestra oleada inicial, de forma que luego podamos enviar muy rápidamente una cantidad mayor de fuerzas según se requiera”.
Hasta ahora el total sigue muy por debajo de los entre 2.000 y 4.000 efectivos de la Guardia Nacional que Trump les dijo a los reporteros que desea enviar. La oficina de Susana Martinez, gobernadora de Nuevo México, indicó el viernes que aún no manda a ningún soldado de la Guardia, mientras que la oficina del gobernador de California Jerry Brown no respondió a las preguntas de si enviaría tropas.
La proclama de Trump del miércoles en la que ordena la participación de tropas de la Guardia Nacional hace mención del Título 32, una ley federal según la cual los miembros de la Guardia reciben paga y prestaciones federales, pero permanecen bajo el mando y el control del gobernador de cada estado. Esto deja abierta la posibilidad de que Brown niegue tropas.
El secretario de Defensa James Mattis aprobó el viernes por la noche el pago a un máximo de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional con presupuesto del Pentágono hasta fines de septiembre. En un memorando del Departamento de Defensa se indica que estos soldados no efectuarán labores policiales ni “interactuarán con migrantes u otras personas detenidas” sin la aprobación de Mattis. Señaló que “la portación de armas estará limitada a las circunstancias en las que pudiera requerirse defensa personal”, pero no especificó más detalles.
La movilización de tropas a la frontera durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama ocurrió también bajo el Título 32. Bush envió unos 6.000 efectivos en 2006, y Obama mandó a 1.200 miembros de la Guardia Nacional en 2010.
En su documento, Trump dijo que “el desgobierno que continúa en nuestra frontera sur” es el motivo por el que decidió enviar a la Guardia Nacional. Trump ha insinuado que desea utilizar a las fuerzas armadas en la frontera hasta que se logren avances en la construcción del muro que propuso, el cual está estancado en el Congreso.
Después de descender al comienzo de la presidencia de Trump, las cifras de migrantes aprehendidos en la frontera suroccidental han comenzado a elevarse en consonancia con las tendencias históricas. La Patrulla Fronteriza indicó que capturó a unas 50.000 personas en marzo, más de tres veces la cifra registrada ese mes en 2017. Eso puso fin a un declive del que Trump se dio el crédito repetidas veces. De todas formas, las detenciones fronterizas siguen muy por debajo de las cifras en las épocas en las que Bush y Obama enviaron a la Guardia a la frontera.
La noticia de que una caravana de migrantes centroamericanos recorría el sur de México también molestó al presidente. Dicho grupo no tenía la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, según su organizador Ireneo Mújica. Pero Trump lo ha mencionado repetidas veces como un ejemplo de lo que dijo son las débiles leyes migratorias estadounidenses.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) han dicho que los miembros de la Guardia podrían apoyar a los agentes de la Patrulla Fronteriza y a otras agencias policiales. Kirstjen Nielsen, secretaria del DHS, dijo esta semana que los miembros de la Guardia podrían “ayudar a examinar la tecnología, la vigilancia”, y que el departamento podría solicitar apoyo de mecánicos para su flotilla de vehículos. La ley federal prohíbe que las fuerzas armadas lleven a cabo labores policiales.
