El nuevo muro de varilla y concreto que se construye a lo largo de un tramo de 32 kilómetros (20 millas) de frontera entre Estados Unidos y México, al sur de Nuevo México, como parte del plan del presidente Donald Trump de combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, es promovido por las autoridades como una “estructura muy importante”.
Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) se congregaron el lunes para marcar el inicio de la construcción del proyecto de 73 millones de dólares en Santa Teresa, cerca de los límites de Nuevo México con Texas. Las autoridades afirman que el nuevo muro será más difícil de atravesar, o de sortear por arriba o por abajo.
Se prevé que las obras para reemplazar las viejas barreras contra vehículos con el muro de bolardos tomen poco más de un año, sin embargo, los opositores ya interpusieron demandas a fin de detener las obras.
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FUERA LO VIEJO
Se retirarán las viejas barreras de postes y barandas diseñadas para detener el paso de vehículos pero que han sido de poca utilidad para impedir el tránsito de personas que cruzan a pie. Además de ser fáciles de superar, los funcionarios de la Patrulla Fronteriza afirman que las barreras existentes y las rejillas metálicas son costosas y que su reparación toma mucho tiempo.
En su lugar se colocarán pilares de concreto y varilla que permitan visibilidad al otro lado, pero compliquen el paso de vehículos y personas.
El muro tendrá una altura de al menos 5,4 metros (18 pies) y podría elevarse hasta los 9,1 metros (30 pies), dependiendo de la ondulación del terreno. En la parte superior contará con una placa de 1,5 metros (5 pies) para disuadir a las personas de escalar las barreras.
Los postes de concreto estarán enterrados a varios metros de profundidad y tendrán una masa de concreto bajo el suelo para evitar que se caven túneles. El diseño es similar al de la barrera que separa a Sunland Park, Nuevo México, de Anapra, en Chihuahua, México.
“Disuadirá a todos, excepto a los invasores ilegales más determinados”, dijo el jefe de Patrulla Aaron Hull, quien supervisa la zona.
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CORREDOR PRINCIPAL
Apenas alrededor de la tercera parte de la frontera suroeste tiene algún tipo de barrera para impedir entradas ilegales, y las autoridades fronterizas han identificado al sector de El Paso _el enorme terreno desértico que se extiende desde parte del oeste de Texas y por todo Nuevo México_ como una ruta activa para el contrabando.
La prioridad dentro del sector es el oeste de Santa Teresa, zona que Hull describió como uno de los principales corredores de drogas y la parte en donde se realizan más arrestos de personas que ingresan ilegalmente al país.
Durante el último año fiscal, los agentes del sector de El Paso arrestaron a más de 25.000 inmigrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera, e incautaron más de 15.400 kilogramos (34.000 libras) de marihuana y 63 kilogramos (140 libras) de cocaína.
Aunque el total de arrestos fronterizos descendió durante los primeros meses de la presidencia de Trump, la cifra aumentó a 50.308 en marzo, un incremento del 37% respecto a febrero y más del triple en comparación con el mismo periodo del año previo.
Hull dijo que los agentes podrán atender mejor el creciente número de cruces ilegales con la ayuda de la tecnología y de un disuasorio físico más efectivo.
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BATALLA LEGAL
Los ambientalistas han interpuesto demandas para frenar el proyecto, afirmando que el gobierno federal excedió su autoridad al dispensar varias leyes a fin de acelerar la construcción.
Recientemente, un juez federal de San Diego falló a favor del gobierno del presidente Trump en un caso similar relacionado con el reemplazo y la construcción de prototipos de muro fronterizo en California. Las revisiones que requieren la ley de políticas ambientales, y varias decenas de normas más, pueden causar importantes demoras o incluso la suspensión de la construcción.
Un grupo de ambientalistas solicitó el lunes a la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito que anule el fallo de San Diego y dijo que Trump intenta cumplir con lo que describieron como “una promesa política cargada de odio”. El Centro para la Diversidad Biológica dijo que argumentaría la autoridad para otorgar exenciones bajo una ley de 2005 ha expirado.
El fiscal general de California Xavier Becerra también interpuso una apelación el lunes. Becerra, quien con frecuencia critica a Trump, arguyó en su moción que la autoridad para brindar exenciones ya expiró y que éstas fueron un abuso del poder ejecutivo.
El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, declinó comentar sobre las apelaciones.
