Los Angeles, 12 Abr (Notimex).- La estadunidense Sofía Johnson Acevedo presentó una demanda millonaria en contra de la administración del presidente Donald Trump, tras ser deportada a México en cinco ocasiones por considerar que estaba en este país de manera ilegal, dijeron sus abogados.
La demanda, que no establece un monto especifico, fue presentada a nombre de Sofía Johnson Acevedo, contra representantes del Departamento de Seguridad Interna (DHS), y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La demandante es representada por los abogados Keith Ayers y Jason Wright y Eric Price, exfiscal de migración.
Johnson Acevedo, de 56 años, retó a la administración Trump con una millonaria demanda, luego de haber vivido más de 20 años de sufrimiento al ser arrestada, encarcelada, y deportada indebidamente por las autoridades migratorias.
Sofía nació en Sonora, México, en 1962, y fue traída por sus padres a Estados Unidos cuando tenía un año de edad, su papa es un ciudadano estadunidense.
Al llegar a Estados Unidos, hace 55, se cometió el primer error, ya que a su entrada al país fue registrada como migrante y le fue otorgada una “Green Card” (tarjeta verde) en lugar de la ciudadanía automática que le correspondía de acuerdo con la Ley de Inmigración por ser hija de un ciudadano de Estados Unidos, Alvin Johnson, veterano de la Segunda Guerra Mundial.
En las décadas de 1980 y 1990, Johnson Acevedo fue encontrada culpable por posesión de sustancias tóxicas y se declaró culpable de posesión de mercancía robada; al ser detenida, su estado legal de “residente”, puso en alerta a las autoridades y la reportaron a migración.
En la prisión fue puesta a disposicion de autoridades de migración, sin embargo, cumplió una condena en una cárcel federal y no en un centro de detención para migrantes indocumentados, lo que conlleva a una doble violación de sus derechos humanos.
Al cumplir su condena y con la “residencia permanente” revocada en ausencia en una corte migratoria a donde nunca fue citada, Sofía fue deportada a Tijuana, México, en cinco ocasiones.
Cada vez que se enfrentaba con un oficial de inmigración argumentaba que su padre era estadunidense, por lo que ella podría tener la ciudadanía estadunidense, pero ningún oficial la escuchó.
El gobierno no sólo no investigó su reclamo de ciudadanía, sino que fue acusada de los delitos federales de reingreso ilegal y reclamo falso de ciudadanía estadunidense, indicó su defensa.
Esta situación llevó a Sofia Johnson Acevedo a vivir en las calles de Tijuana en donde fue “una mujer sin patria”: no contaba con documentos oficiales mexicanos ni tampoco de Estados Unidos.
Impedida para trabajar, con problemas con el idioma español, Sofía vivió en refugios y en las calles de Tijuana.
Luego de un largo proceso e investigaciones, los abogados Keith Ayers y Jason Wright lograron que un juez admitiera el derecho natural a la ciudadanía de Sofía; en 2016, el abogado Ayers viajó a Tijuana para llevarla de regreso a Estados Unidos.
Al llegar a la frontera, un oficial preguntó por los documentos de Johnson Acevedo, el abogado explicó que tenía un permiso especial para ella para cruzar a Estados Unidos y regularizar su situación.
Pero el oficial no sólo no creyó en la palabra del abogado, sino que lo obligó a bajarse del automóvil, lo esposo y encerró en un cuarto junto a otros inmigrantes, todos en ropa interior.
Sofía fue devuelta a México; meses después, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, expidió un pasaporte estadunidense para ella con el cual pudo regresar legalmente a su país.
En la actualidad vive en Lancaster, tiene una delicada salud física y emocional, y una devastada situación económica.
El abogado Eric Price, exfiscal de inmigración, advirtió que esta situación la pueden estar viviendo otros ciudadanos de Estados Unidos, ante la falta de capacitación de agentes migratorios.
Jacqueline Stevens, profesora de ciencias políticas de la Northwestern University, quien supervisa la Deportation Research Clinic, declaró que entre enero de 2011 y septiembre de 2014, los tribunales de inmigración descubrieron 256 casos del gobierno que intentaba deportar a ciudadanos estadunidenses.
El mismo estudio encontró que desde 2003, más de 20 mil ciudadanos estadunidenses han sido injustamente detenidos o deportados. Eso es casi 120 estadunidenses al mes.
