CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El destino de tres estudiantes de cine de Jalisco que estuvieron desaparecidos un mes y esta semana se supo que fueron asesinados y disueltos en ácido, según las autoridades, ha hecho resurgir la indignación de ciertos sectores de la sociedad sobre una asignatura pendiente de las últimas administraciones: la desaparición de jóvenes.
Según cifras del gobierno federal, un total de 15.516 personas entre 13 y 29 años permanecen desaparecidos en México, un 43% del total de toda la república. Los menores de edad que están en esta situación superan los 7.000, de acuerdo a la base de datos de la Secretaría de Gobernación.
Para el director de la ONG Red por los Derechos de la Infancia, Juan Martín Perez, la desaparición de niños, adolescentes y jóvenes, se debe a la acción del crimen organizado, la falta de protección del Estado a este sector de la población, la corrupción y complicidad de las autoridades con la delincuencia.
En declaraciones a The Associated Press, Pérez dijo que la “epidemia” de desapariciones ha crecido en esta administración y mostró su preocupación por datos como que entre 2012 y 2014 aumentara un 200% las desapariciones de mujeres adolescentes entre 15 y 17 años o que el 25% de todos los menores desaparecidos sean del Estado de México.
A su juicio, hay un “patrón de negligencia y omisión de búsqueda” por parte de las autoridades que conlleva criminalizar a las víctimas, frenar las desapariciones dándolos por muertos antes de concluir la investigación para anular la búsqueda y esperar 48 horas para iniciar una investigación, aunque se sabe que esas horas son vitales para localizarlos con vida con el fin de “reducir las estadísticas”.
Otro problema es la utilización de adolescentes por parte del crimen organizado como mano de obra “desechable”, dice Pérez.
“Los tengo a la mano, los uso y si les pasa algo, da igual”, indica el director de Redim. De hecho, recuerda que muchas veces, la propia delincuencia acaba matándolos después de usarlos. Esta organización estima que hay entre 30.000 y 35.000 adolescentes “víctimas de reclutamiento forzoso” por parte de los cárteles y a quienes se les debe considerar también víctimas de la violencia.
