Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Durante el primer trimestre del presente año, suman 432 padres de familia denunciados penalmente por abandonar económicamente a sus hijos.
Así lo refiere la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al presentar su informe de incidencia delictiva correspondiente a marzo.
De acuerdo al reporte de la instancia persecutoria de los delitos, en marzo fueron denunciados, ante las agencias del Ministerio Público del Estado, 165 padres desobligados; quienes se suman a otros 133 padres denunciados en enero y 134 en febrero.
Las ciudades de Matamoros, con 124 denuncias, y Victoria con 114, puntean las estadísticas de mayor incidencia en el delito de abandono de obligaciones alimenticias.
Aunque la PGJE se concreta a aportar cifras de incidencia, declaraciones de distintos funcionarios del sistema de justicia coinciden en que el abandono de obligaciones alimenticias ha venido creciendo de forma alarmante.
“Los conflictos en materia familiar representan, desde hace al menos ocho años, la mayor carga de trabajo para agentes del Ministerio Público y para jueces en materia familiar; de esos asuntos el principal es el abandono de obligaciones alimenticias”, explicó un juzgador de primera instancia.
Aunque el problema tiene un origen multifactorial, agentes del Ministerio Público, con experiencia en la materia familiar, coinciden en que el abandono de obligaciones alimenticias va de la mano de los divorcios o la separación de la pareja.
“Cuando hay un rompimiento de la familia el padre generalmente se desatiende de lo económico, y muchas veces lo hace por el conflicto con su pareja”, indicaron las fuentes.
Admitieron, no obstante, que el desempleo también es factor del abandono de obligaciones alimenticias por parte de los padres.
Pese a la alta incidencia de casos de padres desobligados, son muy pocos los que reciben una sentencia condenatoria, porque durante el transcurso del proceso terminan llegando a un acuerdo económico con su denunciante, quien se desiste.
