Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.- La carga de trabajo del Instituto de la Defensoría Pública se ha incrementado en forma importante, sobre todo por usuarios que no tienen los recursos económicos para contratar abogados que les permitan solucionar un conflicto legal, ponderando la vía de conciliación.
La directora de este organismo, María del Rosario Garza, confirmó que la carga de trabajo ha aumentado en forma considerable, pues el 90 por ciento de los asuntos lo lleva a defensoría en materia penal, civil y familiar, que es donde el número de casos es mayormente solicitado por usuarios que no tienen recursos.
En materia de lo familiar y civil, adujo que el Poder Judicial del Estado (PJE) autorizó la apertura de dos juzgados más en la entidad, con los que se pretende descargar un poco la carga de trabajo que tiene el Instituto de la Defensoría Pública, en ese como en otro tipo de asuntos.
“Por ejemplo, en materia de divorcios incausados, es decir que ya no se necesita causa o motivos para poder divorciarse, presenta un incremento del 60 por ciento comparativamente con años anteriores, además de los considerados como voluntarios, que es cuando hay acuerdo entre las dos partes”, indicó.
Y es que este tipo de divorcios están teniendo mucha demanda, aunque da lugar a otra serie de circunstancias en las que el Instituto tiene que intervenir, porque conlleva la custodia de menores, reglas de convivencia de los padres, alimentos definitivos y otra serie de aspectos que deben quedar bien definidos.
Confirmó que el Instituto está por entregar alrededor de 40 nombramientos a personal de nuevo ingreso que se desempeñará en municipios como Reynosa, Victoria, Nuevo Laredo y Tampico, producto de renuncias que se han presentado o porque se requiere de la contratación de más personal para atender la demanda de trabajo.
Afortunadamente, aseguró que el 90 por ciento del personal que ingresa al Instituto de la Defensoría antes participa en procesos de capacitación y profesionalización, a efecto de estar en condiciones de atender las nuevas necesidades que presenta el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral.
