diciembre 13, 2024
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Niñez necesita inclusión en agenda pública

abril 30, 2018 | 492 vistas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (Notimex)

El ombudsman, Luis Raúl González Pérez advirtió la necesidad de incorporar en la agenda pública de los derechos humanos presupuesto y recursos humanos suficientes e idóneos para que los menores de edad reciban atención adecuada, cercana, sensible y respetuosa de la situación que enfrentan.

Los niños, niñas y adolescentes necesitan ser empoderados como titulares de derechos con capacidad de ser agentes sociales de cambio y exigir su cumplimiento, enfatizó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el marco del Día de la Niñez en México, que se conmemora este 30 de abril, presentó el Estudio sobre el impacto y cumplimiento de las Recomendaciones Generales e Informes Especiales en materia de niñas, niños y adolescentes emitidos durante los años 2001 a 2017.

Este es el primer tomo de una colección de once investigaciones, que se elaboró en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó el organismo defensor de derechos humanos en un comunicado.

González Pérez explicó que el impacto de instrumentos en esa materia, obedece a que, muchas veces, el acceso y ejercicio de los derechos de las personas menores de edad se ve limitado.

Ello, debido a que la sociedad considera a los niños y niñas “objetos de protección” en lugar de titulares de derechos, excluyéndolos de la participación y toma de decisiones, e incluso justificando inadecuadamente la violencia que se ejerce en su contra, expuso en un comunicado.

De acuerdo con el estudio, del total de puntos recomendatorios y propuestas, 56 por ciento son de carácter operativo, relativos a la revisión, modificación o creación de prácticas administrativas o pautas de actuación de las y los servidores públicos para corregir y prevenir las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En tanto, 38 por ciento corresponden a acciones programáticas, como al diseño e implementación de políticas públicas en su sentido más amplio; mientras que menos de uno por ciento son de tipo normativo, es decir, propuestas, modificación o creación de leyes para mejorar el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

 

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