Rogelio Rodríguez Mendoza.-
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) denunció la necesidad urgente de impulsar políticas públicas de seguridad y justicia, que frenen la desaparición de personas y agilicen las investigaciones para localizar a quienes se encuentran en la condición de no localizadas.
La organización no gubernamental advirtió que las acciones gubernamentales, tanto a nivel federal como de las entidades federativas, han sido insuficientes para combatir un delito que cada vez crece más.
“En el ONC estamos conscientes de la necesidad y urgencia de impulsar la creación de políticas públicas de seguridad y justicia que permitan la pronta localización de las personas desaparecidas, identifiquen las causas estructurales y contextos específicos de las desapariciones, prevengan su incidencia, garanticen el acceso a la verdad y la justicia y reparen el daño, entre otros objetivos”, detalló.
Una evidencia de los débiles esfuerzos que realizan los gobiernos, es que pocas agencias del Ministerio Público han iniciado carpetas de investigación por presunta desaparición forzada o por particulares, incluso cuando está tipificado en los códigos penales respectivos.
“Lo anterior sugiere que no se reconoce este delito y violación a derechos humanos de forma sistemática, pese a que los instrumentos normativos lo hagan”, indicó.
Consideró que, ante ello, se requieren acciones para promover el reconocimiento de desapariciones forzadas y por particulares al interior de las instituciones de procuración de justicia.
Demandó también una investigación de casos adecuada, que sea capaz de generar evidencia fehaciente que sirva para fines de búsqueda y localización.
“La coordinación entre ambas áreas de política debe ser oportuna, en aras de minimizar los rezagos burocráticos que normalmente ocurren en las instituciones de procuración de justicia”, mencionó.
En relación a los servicios forenses, deben impulsarse políticas públicas que corrijan fallas que terminan obstaculizando el proceso de búsqueda de desaparecidos.
Es necesario, señaló, generar e implementar protocolos unificados de exhumaciones, mantenimiento de la cadena de custodia, levantamiento de datos y su posterior sistematización y análisis, así como la coordinación con las procuradurías y fiscalías.
“Un factor urgente a corregir dentro del arreglo institucional vigente es la falta de autonomía de los servicios médicos forenses y los institutos de ciencias forenses, que, en algunos casos, están regidos administrativamente por las mismas procuradurías y fiscalías”, indicó.
El ONC se refirió, por último, a la urgencia de hacer más eficiente la atención a víctimas y reparación del daño.
“Es importante mejor la función primordial de apoyo psicológico para los familiares de las personas desaparecidas. Además, en esta área se encuentran los procesos para tratar de resarcir o enmendar los distintos tipos de daños que sufrieron quienes fueron afectados directa o indirectamente por un delito, con el fin de que las víctimas puedan rehacer su vida”, señaló.
