Desde el pasado 1 de mayo, el Gobierno de China puso en marcha las primeras fases de su cartilla por puntos de buen ciudadano, un sistema que puntúa a los habitantes con base en sus acciones.
A las personas que cometan actos como difundir información falsa sobre terrorismo, causar problemas en vuelos, usar billetes de transporte caducados o fumar en trenes (según dos comunicados publicados el viernes en el sitio web de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma) se les podría prohibir el uso de trenes y aviones durante un año.
Esto es solo el primer paso del proyecto de la administración de Xi Jinping para la creación de un sistema de puntuación para ciudadanos, fundamentado en los hábitos sociales, de consumo, amistades y cumplimiento de los deberes económicos; medidas que se prevén implementar completamente en 2020.
A partir de ese año, la puntuación de cada ciudadano influirá en su capacidad para alquilar una vivienda, obtener un seguro o un préstamo e incluso beneficios de la sanidad pública.
Un ciudadano con baja puntuación, en contraste, estará vetado de obtener algunos empleos y tendrán restringida la matrícula de sus hijos en escuelas privadas, entre otras penalizaciones.
Este sistema de créditos sociales, de acuerdo con el gobierno chino, “permitirá que las personas de confianza vayan por todas partes bajo el cielo y dificultará que los desacreditados den un solo paso”.
Otros castigos para los “malos” ciudadanos será una disminución en la velocidad de su servicio de internet, acceso restringido a lugares de esparcimiento e incluso la eliminación del derecho de viajar libremente, esta última medida ya se implementó desde inicios de mayo.
Además, se verán afectados aquellos que hayan incurrido en infracciones financieras, como empresarios que no den seguro social a sus trabajadores, personas que no abonen las multas o quienes ofrezcan disculpas poco sinceras.
A principios del 2017, el Tribunal Popular Supremo informó que a 6.15 millones de ciudadanos chinos se les prohibió tomar vuelos “por delitos sociales”.
De acuerdo con Human Rights Watch, en 2013 un abogado defendió a un hombre acusado de violación y entregó una copia de su alegato a la familia del acusado, además de publicarla en internet.
La víctima demandó al defensor por difamación y ganó el juicio, por lo que en 2015 un tribunal de Pekín le obligó a disculparse.
El letrado envió una disculpa al tribunal por escrito; sin embargo, éste la consideró “poco sincera” y lo incluyó a la lista negra.
Desde junio de 2014 salieron las primeras noticias de este proyecto, cuando el Consejo de Estado de China publicó un documento que difundía la idea de tener un sistema de puntuación de confianza que calificara a los ciudadanos.
La intención del gobierno es que este crédito social funcione como una manera de medir y mejorar la “confianza” a escala nacional y para construir una cultura de la “sinceridad”.
Con información de: lopezdoriga.com
