México, 28 May (Notimex).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una sanción económica de 739 mil pesos contra el candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
Lo anterior, debido a se detectaron diversas prácticas ilegales de financiamiento para la recolección de firmas ciudadanas, con el uso de recursos humanos y financieros por 12.8 millones de pesos.
En sesión ordinaria, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, planteó las tres áreas en que se dividió la investigación de la Unidad de Fiscalización, sobre todas las ilegalidades que se detectaron para recolectar firmas.
De acuerdo con el consejero electoral, Rodríguez Calderón utilizó a empleados de gobierno en horas de oficina, recibió aportaciones económicas simuladas a través de personas físicas y de empresas incluso sin registros fiscales y sin capital.
En este acuerdo, que se aprobó por unanimidad y se mandó a publicar al Diario Oficial de la Federación, se señala que se dará vista de estas indagatorias a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al Congreso Estatal y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De las áreas que llama la atención que se dará vista en la PGR es a la Unidad Especializada de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificaciones y Alteración de Moneda; y también a la contraloría y Transparencia del gobierno del Estado de Nuevo León.
Indicó que de acuerdo con la ley, solo se puede sancionar con 739 mil pesos a Rodríguez Calderón, pues la norma fija límites a las sanciones a personas físicas, pero resaltó que lo importante es el mensaje que deja el INE de que detectó de irregularidades de esa índole.
“Ahora bien, el monto de la multa no es lo central, el mensaje y lo relevante, es una mala noticia que se hayan dado estas prácticas en el proceso electoral en curso, mas hubiera sido una noticia terrible que el INE no las hubiera detectado, documentado y sancionado oportunamente”, destacó el consejero electoral.
Explicó que la ley dice que la multa que se puede imponer a una persona física son cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), y “nosotros no podemos trascender eso, ni tampoco, llegar a conclusiones como que se puede retirar una candidatura si no tenemos los elementos que la ley señala como causales de negación de una candidatura”.
Por ejemplo, detalló, para retirar una candidatura se tendrían haber superado los gastos durante la etapa proselitista, y ahora, con los gastos adicionales que se han encontrado, todavía no se rebasan los 33 millones de pesos de tope de campaña.
El consejero Murayama detalló que las prácticas de financiamiento irregular de Rodríguez Calderón, fueron investigadas y detectadas a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, utilizando herramientas jurídicas a su alcance, como son la atribución constitucional de trascender los secretos bancarios, fiduciario y fiscal.
De esta manera, consiguió con toda diligencia reconstruir la verdad acerca de cómo se financió la recolección de firmas ciudadanas por Rodríguez Calderón, y con pruebas contundentes se pudo concluir que se orquestó un esquema de financiamiento ilegal por 12 millones 800 mil de pesos, que se desplegó en al menos en tres actos.
El primer acto consiste en el uso de recursos humanos del gobierno de Nuevo León del que Jaime Rodríguez Calderón, es titular, ahora con licencia, pero en funciones hasta el pasado 31 de diciembre.
El proyecto da cuenta de que 652 servidores públicos, adscritos a 29 dependencias, en vez de cumplir con su trabajo, se dedicaron en días y horas hábiles a la recolectar firmas de apoyo para Rodríguez Calderón.
La identificación de ese uso de recursos humanos de la administración pública para Rodríguez Calderón, se hizo cruzando base de datos de auxiliares registrados por el propio aspirante con la nómina del gobierno del estado.
“Como la app del INE permite identificar día y hora de captura de cada firma, se pudo verificar que ese trabajo se hizo en días y horas hábiles, no en vacaciones ni en fin de semana o de noche, lo incorrecto no es que un funcionario público tenga preferencias políticas o participe en actividades electorales, aquí el problema es la distracción de recursos humanos del gobierno para una causa electoral particular”, indicó.
En este punto informó que se calculó una distracción de recursos públicos, de dos millones 608 mil pesos, que resultan de la suma de cuatro mil pesos por auxiliar, “de ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita”.
El segundo acto de la trama de financiamiento irregular consistió en la simulación de haber recibido recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la asociación civil “Viva la Independencia”, en su informe de gastos y de ingresos como aspirante, Rodríguez Calderón declaró aportaciones por 17 millones y medio de pesos, provenientes de 152 personas físicas.
Pero, en la revisión del informe, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó tres casos de persona que un día o dos antes de hacer la transferencia bancaria a la asociación civil del aspirante habían recibido las mismas cantidades de empresas mercantiles.
Por eso, hace dos meses este consejo ordenó abrir un procedimiento oficioso, de los 17 millones y medio que declaró Rodríguez Calderón, 15 millones, 89 por ciento, venían de 82 aportantes con depósitos superiores a 100 mil pesos, recordó.
Se solicitó a la banca, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los estados de cuenta de esos aportantes y se recibió la información de 24 personas, a quienes se les había ingresado dinero desde esas empresas, por montos equivalentes que luego llevaron al aspirante.
Se detectó que de esas 24 personas, 23 no tenían ninguna relación laboral, mercantil o comercial con las empresas, que sin embargo le regalaban cientos de miles de pesos, los mismos que un día o dos después, ingresaban a la asociación civil.
Se ha documentado que casi la totalidad de esos ciudadanos tienen escasos recursos económicos; sin embargo, donaban “cientos de miles de pesos”.
Se trata de una triangulación para hacer parecer a los ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con la que los ciudadanos no tendrían relación alguna.
Recordó que en México la ley prohíbe a todos los actores políticos recibir dinero de cualquier persona moral o empresa mercantil, la ley les impele a los aspirantes de candidatura independiente a no recibir por sí o por interpósita persona como esta aquí demostrado, dinero de entes prohibidos.
La investigación revela que no se trata de empresarios que estén dando su dinero a un aspirante, sino de empresas con frecuencia con operación irregular sin capital, sin pagar cotizaciones a la seguridad social, con accionistas de escasos recursos económicos, que utilizan a testaferros para ocultar que meten dinero a la política.
“Eso es ilegal, el monto involucrado en esta segunda trama al momento era de cuatro millones 494 mil pesos”, dijo.
“Llama la atención que la investigación devela que el propio Jaime Rodríguez Calderón hizo una aportación por 240 mil pesos, a su asociación civil el 28 de noviembre de 2017, que él también recibió antes, el día 24, recursos de una empresa privada ´Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios´, por una suma de un millón 119 mil pesos, siendo aún gobernador en funciones”.
El tercer acto involucra un gasto no reportado y de origen ilegal por seis millones 630 mil pesos, de recursos para pagos auxiliares que no hicieron trabajo voluntario.
Murayama Rendón abundó que una nota periodística del periódico El Norte puso a la Comisión de Fiscalización, sobre la pista. Así conocimos dos tarjetas “Saldazo OXXO”, a través de las que un par de periodistas recibieron pago como auxiliares de Rodríguez Calderón.
En colaboración con la banca, las empresas y con las autoridades financieras del país fue posible reconstruir el entramado completo, en total mil 35 personas registradas como auxiliares de Rodríguez Calderón vieron pago vía estas tarjetas que fueron fondeadas por las empresas Grupo comercial Grup, Altar 2715, y Piserra Construcciones.
La unidad técnica pudo constatar que no existe evidencia de comprobantes fiscales en tales impresos emitidos por las personas morales a los auxiliares de Rodríguez Calderón que justifiquen una relación laboral con los destinarios de las transferencias de los recursos, otra a vez el dinero ilegal y ahora gasto oculto, concluyó.
