CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (Notimex)
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción requiere de un periodo de adaptación, evaluación y mejora y advirtió que “su éxito depende del ímpetu con el que todos sus integrantes nos involucremos en corregirlo y consolidarlo”.
Durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, para presentar un informe sobre las principales acciones de la SFP, explicó que no se ha concluido aún la transición del anterior régimen administrativo sancionador al nuevo procedimiento de responsabilidades administrativas.
En ese sentido, recordó que originalmente fue estructurado sobre el principio de presunción de inocencia como derecho fundamental de cualquier persona señalada como responsable de una falta administrativa.
Advirtió que el riesgo en la coyuntura electoral “es pensar que el sistema, como instancia coordinadora, no tiene razón de ser o que está tardando en arrojar resultados concretos, y que ante estas afirmaciones se pretenda revertir o debilitar su operación, cuando es momento de acelerar la fase de implementación”.
La funcionaria admitió que la corrupción en México constituye una problemática real, grave e inadmisible, y dijo que según datos del último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el país ocupa el lugar 135 de 180, por debajo de importantes aliados y socios comerciales como Chile, Colombia y Perú.
Además, continuó, de acuerdo con el más reciente Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, México fue posicionado en el lugar 92 de 113 naciones evaluadas, obteniendo solamente una alta calificación en el factor de Gobierno Abierto de los ocho examinados.
Por su parte, abundó, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 91 por ciento de los entrevistados consideraron que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes.
Mientras que las personas servidoras públicas y el Gobierno Federal gozan de 38.7 y 25.5 por ciento de confianza ciudadana, respectivamente, anoto Arely Gómez al señalar que la validez de estos informes es incuestionable y deben tomarse como una seria llamada de atención a los gobiernos.
Es por ello que, dijo, en consonancia con las aspiraciones constitucionales de inhibir formas absolutas y arbitrarias del ejercicio del poder público, surgió el Sistema Nacional Anticorrupción.
Gómez González consideró que la corrupción no puede ser vista meramente como una trasgresión a las leyes en beneficio propio, o como un intento de maximizar las ventajas de cierto cargo, en perjuicio del bienestar colectivo.
Es indispensable rebasar esta definición y observar los daños sociales que produce al contradecir los principios de legalidad, imparcialidad y certidumbre jurídica; fundamentos de cualquier Estado democrático de Derecho.
Refirió que los efectos de la corrupción, indicó, afectan la calidad del quehacer gubernamental, entorpecen las políticas de desarrollo y disminuyen, inevitablemente, la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.
