CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La minera canadiense Pan American Silver anunció el lunes que suspenderá temporalmente algunas operaciones en una importante mina de oro y plata del norte de México por razones de seguridad, sumándose así a otras compañías que han tomado decisiones similares debido al alto nivel de violencia existente en determinadas zonas del país.
El presidente de la compañía, Michael Steinmann, dijo que sus empleados han tenido problemas al entrar y salir de la explotación ubicada en la sierra Tarahumara, al oeste del estado de Chihuahua, una región que actualmente se disputan el Cártel de Sinaloa y el de Juárez.
“Dados los recientes incidentes que han ocurrido a lo largo de los caminos de acceso, hemos decidido que lo prudente es suspender movimientos de personal desde y hacia la mina hasta que los caminos sean seguros para nuestros empleados”, dijo Steinmann en un comunicado.
La compañía afirmó que las operaciones de apilamiento de mineral y procesamiento continúan en esta mina a cielo abierto que en el primer trimestre de 2018 produjo 1,2 millones de onzas de plata y 34.350 onzas de oro, según su página web.
La mayor parte de las 400 personas, tanto empleados de la minera como de las empresas subcontratadas que trabajaban en el campamento, ya ha sido evacuado vía aérea, dijo a AP un trabajador que salió de la explotación en las últimas 24 horas y pidió el anonimato por cuestiones de seguridad.
«Han sido días de mucho estrés, mucho cruce de información con todo lo que nos contaban los trabajadores que habían sido golpeados pero gracias a dios ya estamos fuera», agregó. «Aunque (el crimen organizado) es algo que sabes que siempre está ahí, nunca me había pasado algo así en los siete años que llevo trabajando en esta mina».
El comisionado de seguridad de Chihuahua, Óscar Alberto Aparicio, aseguró el lunes a la AP que el operativo conjunto de fuerzas federales y estatales se mantiene pero el trabajador antes citado dijo que cuando sobrevoló la zona al salir del campamento solo vio media docena de patrullas, una cantidad de efectivos que consideró insuficientes para la presencia que los grupos del crimen organizado tienen ahí.
El Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE) dijo que la inseguridad no solo ha afectado a la minera sino también a otras dos grandes compañías.
“Los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva”, señaló el consejo en un comunicado.
El CCE también denunció que el robo al transporte de carga en carreteras se duplicó en el primer trimestre de 2018. Y el lunes, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) aseguró que los ladrones bloquean o retiran partes de las vías férreas para saquear trenes de carga.
“La inseguridad se traduce en pérdida de empleos en las comunidades mexicanas y una peor perspectiva de inversión por parte de los mercados globales hacia México”, advierte la nota de prensa.
La semana pasada, una de las compañías de productos alimentarios más grandes de México, Lala, anunció que por razones de seguridad había suspendido las operaciones en un centro de distribución en Ciudad Mante, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, desde el pasado 3 de mayo.
La violencia en Ciudad Mante es atribuida a una disputa entre facciones de los Zetas, en concreto, entre el cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela.
El procurador general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, aseguró que su despacho investiga las denuncias de extorsión puestas tanto por Lala como por Sello Rojo, otra compañía de productos lácteos.
Pero el miedo del sector empresarial no se limita solo a los estados del norte del país.
En abril, la mayor embotelladora de Coca-Cola en México anunció que suspendía indefinidamente labores en Ciudad Altamirano, en el estado sureño de Guerrero, debido a hechos de violencia.
Coca-Cola FEMSA señaló que cerraría su planta distribuidora en Guerrero porque en enero sus empleados “comenzaron a recibir constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado”. También mencionó una “agresión injustificada” contra uno de sus empleados aunque sin precisar qué ocurrió.
FEMSA lamentó la “ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad” en los alrededores de Ciudad Altamirano.
La zona, próxima a la frontera de Guerrero con el estado de Michoacán, tiene gran presencia del crimen organizado. Cárteles como los Caballeros Templarios o La Familia han controlado en años recientes esa área y aunque generalmente extorsionan más a las pequeñas empresas, las multinacionales también han sido blanco de sus exigencias y amenazas en algunas ocasiones.
En 2012, por ejemplo, el cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán incendió cinco almacenes y decenas de vehículos propiedad de la empresa Sabritas, subsidiaria mexicana de PepsiCo y que comercializa botanas y aperitivos.
