CIUDAD CUAUHTÉMOC, México, junio 4 (AP)
Las manos enguantadas vacían cuidadosamente sobre la mesa el contenido de la bolsa de papel que en una cinta roja anticipa, aunque no aclara, su contenido: “Evidencia”.
Parecen piedras volcánicas, pero esas manos enguantadas que extienden con delicadeza cada fragmento carbonizado saben que no, que son huesos humanos y que cada pedazo tiene un nombre y una historia, aunque todavía no sepan cuál.
Los fragmentos son parte de los restos de decenas de miles de personas que han desparecido en México durante más de una década de la violencia más descarnada del narcotráfico. Nadie se atreve a especular cuántas personas puede haber en esa mesa instalada en una bodega de la fiscalía. Solo se sabe que proceden de uno de los tres ranchos localizados junto a los cerros que rodean Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, en la frontera con Texas.
El presidente Enrique Peña Nieto se alista para dejar el poder a finales de este año y con él concluirá otra administración que dejará sin resolver una de las grandes asignaturas pendientes de México: los desaparecidos.
Cada pedazo calcinado encontrado en Ciudad Cuauhtémoc es una muestra de lo que en la última década se convirtió en un patrón de muerte en diversos puntos de México: criminales que queman o disuelven en ácido a sus víctimas para borrar toda huella del delito a sabiendas de que las autoridades _bien por complicidad, bien por inacción_ raras veces investigan. En los sobres y cajas que los contienen aparecen nombres de dónde o cómo fueron hallados: “Rancho de Dolores”, “Pedacería mancha diésel”. Y el trabajo de descifrar a quiénes pertenecían corresponde al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La desconfianza en las autoridades se ha enquistado entre las víctimas agotadas de exigir una justicia que no llega. Sumidas en la incertidumbre de ni siquiera saber cómo o dónde buscar a los suyos, acuden a organizaciones civiles locales en busca de apoyo legal y psicológico, pero los peritos argentinos del EAAF son de los pocos que les ofrecen algún tipo de respuesta concreta, aunque sea dolorosa y signifique constatar que están muertos.
México aprobó en enero una ley “muy importante” con “muy buenos elementos en búsqueda y tipificación del delito” de desaparición, en palabras de Ariel Dulitzky, director de la clínica de derechos humanos de la Universidad de Texas. Pero esta normativa todavía necesita financiación y voluntad política para ponerse en marcha y, a su juicio, solo funcionará si en paralelo hay un compromiso claro de luchar contra la corrupción.
Mientras tanto, las desapariciones continúan: 21.286 desde que el inicio del sexenio, el uno de diciembre de 2012.
Ciudad Cuauhtémoc, un municipio de 170.000 habitantes y puerta de entrada a las montañas de la Sierra Tarahumara, ha sido apodada por algunos como la “capital de la desaparición”. Desde 2008, la fiscalía estatal tiene abiertas 676 investigaciones por ese delito en esta región; solo en la ciudad, hay 395 personas desaparecidas.
