Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intensificó las investigaciones sobre la presunta desaparición forzada de 31 personas en Nuevo Laredo.
Este miércoles, personal del organismo y funcionarios de los tres órdenes de Gobierno se reunieron en esa ciudad fronteriza con familiares de las víctimas, para analizar la situación caso por caso e inspeccionar la zona donde ocurrieron las desapariciones.
El personal de la CNDH, integrado por visitadores adjuntos, abogados, psicólogos y peritos forenses, y encabezado por el segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, recorrió brechas y caminos vecinales de la zona norte del Nuevo Laredo, así como colonias populares del municipio colindante de Colombia, Nuevo León, donde realizaron inspecciones oculares en diferentes lugares, como el sitio donde una mujer y sus dos hijas fallecieron a consecuencia de disparos de arma de fuego hechos presuntamente desde un helicóptero de la Secretaría de Marina.
Guadarrama López garantizó a las familias que tendrán acompañamiento permanente y particular cuando aporten a la Procuraduría General de la República (PGR) las pruebas con que cuentan en cada caso.
“Existe la solidaridad y compromiso de la CNDH para que tengan respuesta a sus exigencias y se materialice el derecho a la verdad y a la justicia que les asiste”, les dijo.
Señaló que hay disponibilidad de las diferentes instancias de Gobierno para trabajar en la búsqueda de los desaparecidos e integrar los expedientes respectivos.
Durante el encuentro, Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, recomendó a los familiares de las víctimas no contestar a llamadas sospechosas en sus teléfonos celulares ni proporcionar información respecto de sus familiares a cualquier persona.
La semana pasada, la CNDH reveló haber recibido la denuncia sobre la presunta desaparición forzada de 31 personas en Nuevo Laredo, ocurrida durante el presente año.
Ante ello, impuso medidas cautelares a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Procuraduría General de la República (PGR), entre las que destacan la obligación de videograbar sus actuaciones y evitar el traslado de detenidos a cuarteles navales o militares.
Los desaparecidos son 29 hombres y dos mujeres, y entre ellos hay siete menores de edad.
Catorce de las quejas fueron presentadas por una organización civil y seis las remitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, (Codhet).
