CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (Notimex)
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida subrayó que el Gobierno Federal no tiene interés en entrometerse en la vida privada de los candidatos presidenciales, pero sí tiene obligación de protegerlos.
México no merece tener otra mala experiencia como la que se vivió en marzo de 1994 y por eso el Gobierno Federal, hasta donde pueda constitucionalmente, protegerá a los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, sostuvo.
Insistió en que cuidar a los candidatos presidenciales es prioridad, dado que se trata del cargo más importante que se votará el uno de julio y es fundamental para el buen desarrollo del proceso electoral que no se presente un problema.
Sin descuidar a otros candidatos que compiten para cargos de elección de nivel federal, insistió en la relevancia de garantizar la seguridad –como la Constitución lo marca- de los aspirantes a la Presidencia.
El funcionario encabezó en Torreón una rueda de prensa en compañía de los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y de Durango, José Rosas Aispuro Torres, luego de atestiguar el convenio de coordinación en materia de seguridad para la zona de La Laguna.
Reconoció que la violencia política está presente en varios estados, especialmente Guerrero, Jalisco, Puebla, Guanajuato, partes de Veracruz y Tamaulipas, donde ofreció colaboración eficaz del Gobierno Federal para que quienes resulten electos puedan ejercer los cargos con libertad.
Explicó que para disminuir la presión de los grupos delictivos, en Guerrero se está haciendo un trabajo de sustitución de cultivos para favorecer a los campesinos que se habían visto obligados a sembrar productos de los que se obtienen drogas ilícitas.
En Guanajuato se intervino la refinería de Salamanca para garantizar la plena legalidad de los movimientos de pipas con combustible, a fin de frenar las actividades delictivas y así disminuir la presión de grupos ilegales contra candidatos.
Mientras tanto, en Jalisco ya ha habido respuesta de las autoridades federales en la detención, ubicación y consignación de cabecillas o líderes de organizaciones ilícitas, que han generado mucho daño a la sociedad, y la única respuesta puede ser esa: la ley.
