Los funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump han enviado bebés y otros infantes que fueron separados a la fuerza de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos a por lo menos tres albergues especializados en el sur de Texas, de acuerdo con información obtenida por The Associated Press. Y los abogados y médicos que han visitado estas instalaciones en el valle de Río Grande comentaron que hay salas de juegos con niños pequeños llorando y en crisis.
Desde que la Casa Blanca anunció su política de “tolerancia cero” a principios de mayo, más de 2.300 menores han sido separados de sus padres en la frontera, lo que provocó un nuevo flujo de infantes que requieren cuidado gubernamental. El gobierno de Estados Unidos ha enfrentado duras críticas luego de que se mostraron imágenes de algunos menores enjaulados en instalaciones de la Patrulla Fronteriza.
Décadas después de que el sistema de bienestar infantil del país pusiera fin al uso de los orfelinatos debido a que podrían crear un trauma duradero en los niños, el gobierno está creando nuevas instituciones para albergar a los infantes centroamericanos que el propio gobierno separó de sus padres.
“La idea de que van poner a esos niños pequeños en un entorno institucional. Es difícil para mí incluso ponerme a pensar sobre eso”, manifestó Kay Bellor, vicepresidenta de programas en el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, el cual proporciona custodia temporal y otros servicios de bienestar infantil a los menores migrantes. “Los infantes están siendo detenidos”.
Bellor dijo que los albergues cumplen con procedimientos estrictos en torno a quién puede tener acceso a los niños para proteger su seguridad, pero ello significa que la información sobre su bienestar puede ser limitada.
Por ley, los niños migrantes que viajen solos deben ser enviados a instalaciones operadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (DHHS por sus siglas en inglés) dentro de los tres días posteriores a su detención. A partir de ese momento, la agencia es responsable de colocar a los menores en albergues o en casas hogar hasta que se reúnan con un familiar o con un auspiciante de la comunidad mientras aguardan las audiencias en un tribunal de inmigración.
Sin embargo, el anuncio del secretario de Justicia, Jeff Sessions, del mes pasado sobre que el gobierno presentaría cargos criminales a cualquier persona que cruce de manera ilegal la frontera entre Estados Unidos con México ha provocado la separación de cientos de familias de migrantes y puso a un nuevo grupo de cientos de infantes bajo el cuidado del gobierno.
Naciones Unidas, algunos legisladores demócratas y republicanos y grupos religiosos han criticado profundamente la política, calificándola como inhumana.
Pero Steven Wagner, funcionario del DHHS, afirmó que no es así.
“Contamos con instalaciones especializadas que se dedican a brindar atención a niños con necesidades especiales y a los menores de 13 años”, indicó. “No son instalaciones del gobierno en sí y cuentan con médicos capacitados. Las instalaciones cumplen con las normas estatales para las agencias de bienestar infantil y están atendidas por personas que saben cómo hacer frente a las necesidades, específicamente, de los niños pequeños”.
Hasta ahora, se desconoce dónde están dichas instalaciones.
“En general, no identificamos la ubicación de las instalaciones permanentes del programa de niños migrantes no acompañados”, señaló el vocero de la agencia Kenneth Wolfe.
Los tres centros _ en Combes, Raymondville y Brownsville _ han sido rápidamente resignados para atender a las necesidades de los infantes, algunos de menos de cinco años. Un cuarto, previsto para Houston, albergaría hasta 240 niños en un almacén que en su día se empleó para refugiar a desplazados por el huracán Harvey, dijo el alcalde, Sylvester Turner.
«Llega un momento en el que trazamos una línea, y para mi esa línea es con estos niños”, señaló Turner durante una conferencia de prensa el martes.
A nivel práctico, la política de tolerancia cero ha sobrepasado a la agencia federal encargada de atender a los niños que entran de forma ilegal al país, que tienden a ser mucho más jóvenes que los adolescentes que llegaban antes. De hecho algunos de los detenidos son infantes a los que se separa de sus madres.
Los médicos y abogados que han visitado los albergues dijeron que las instalaciones están en buenas condiciones, limpias y que son seguras, pero indicaron que los niños, quienes no tienen idea de dónde están sus padres, estaban histéricos, llorando y actuando para tratar de expresar sus emociones.
“Los albergues no son el problema, separar a los niños de sus padres es el problema”, dijo la pediatra Marsha Griffin del sur de Texas, quien ha visitado varios albergues.
Alicia Lieberman, quien dirige la Red de Tratamiento de Traumas Tempranos en la Universidad de California, campus San Francisco, dijo que décadas de estudio muestran que las separaciones tempranas pueden causar daños emocionales permanentes.
“Los niños están programados para desarrollarse mejor bajo el cuidado de una figura paterna. Cuando se rompe ese lazo mediante separaciones largas e imprevistas sin una fecha determinada para reunirse, los niños responden a los niveles psicológicos y emocionales más profundos”, señaló.
“Su miedo genera un torrente de hormonas del estrés que altera los circuitos neuronales del cerebro, crea altos niveles de ansiedad, los hace susceptibles a enfermedades físicas y emocionales, y daña su capacidad para manejar sus emociones, para confiar en la gente y para concentrarse en actividades propias de su edad”, agregó.
Días después del anuncio de Sessions sobre el cambio de política, el gobierno hizo un llamado para recibir propuestas de proveedores de alojamiento y cuidados para atender al nuevo flujo de menores que fueron apartados de sus familias tras viajar desde Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
Tras la separación, los agentes los reclasifican de miembros de una unidad familiar a “niños extranjeros no acompañados”. Funcionarios federales dijeron el martes que desde mayo han separado a 2.342 niños de sus parientes, que pasaron a ser menores solos a cargo del gobierno.
Aunque México sigue siendo el principal país de origen de las familias arrestadas en la frontera, en los últimos ocho meses Honduras ha sido la nación que ha experimentado un mayor crecimiento en el número de casos frente a los datos del año fiscal de 2017.
Durante una conferencia de prensa el martes, los periodistas preguntaron repetidamente por el desglose por edades de los menores afectados por esta medida. Responsables tanto de las fuerzas del orden como del HHS señalaron que no hay datos concretos sobre los infantes de menos de 5 años, menos de 2 o tan pequeños no saben hablar.
«En su mayoría, las instalaciones que tienen no están autorizadas para niños tan pequeños”, dijo Michelle Brane, responsables de derechos de los migrantes en la Women’s Refugee Commission, quien se encontró con una niña de cuatro años con pañales en un centro de McAllen donde la patrulla fronteriza aloja temporalmente a las familias migrantes. «No hay un modelo para cómo alojar a montones de niños pequeños en catres en nuestro país. No tenemos orfanatos y nuestro sistema de protección de menores ha reconocido que esta es una solución inapropiada para los infantes”.
Así que, por el momento, el gobierno federal tiene que tratar de contratar a más cuidadores.
La reciente petición de propuestas desde la Oficina de Reubicación de Refugiados federal dijo que buscaba candidatos que puedan proporcionar servicios a una población diversa “de todas las edades y géneros, además de a embarazadas y padres adolescentes”.
Hasta los detalles relativos a la edad a la que debe separarse a un menor de sus progenitores es inconsistente. Jefes de campo de la patrulla fronteriza de los nueve distritos fronterizos pueden emplear su propio criterio para determinar la edad de corte, explicaron funcionarios. Y mientras que la HHS considera que se trata de 12 años o menos, para la patrulla fronteriza el límite está en los 5 años.
En los últimos días, miembros del Congreso han visitados los albergues y centros de procesamiento, o siguiendo las noticias sobre ellos, dando testimonio del creciente caos. En una carta enviada a Sessions el martes, una docena de senadores republicanos dijeron que separar a las familias no es una medida consistente con los valores estadounidenses ni con la decencia humana.
También el martes, una mujer guatemalteca que no ve a su hijo de 7 años desde que fueron separados hace un mes demandó al gobierno de Trump. Beata Mariana de Jesús Mejía-Mejía quedó en libertad a la espera de que se resuelva su petición de asilo y cree que su hijo, Darwin, podría estar en un albergue en Arizona.
«Solo pude hablar una vez con él y parecía muy triste. Nunca había oído a mi hijo hablar así, era un niño muy dinámico», dijo Mejía-Mejía llorando. «Llamo y llamo y nadie me dice dónde está».
