Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam. – Antes del 29 de junio, la Auditoría Superior del Estado (ASE), entregará al Congreso del Estado, un paquete de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, ya revisadas.
Jorge Espino Ascanio, titular de la ASE, informó que se trata de aproximadamente 15 informes de resultados de cuentas públicas de municipios pequeños y algunos organismos públicos descentralizados.
Recordó que las nuevas disposiciones en materia de fiscalización establecen la obligación de entregar un primer paquete de informes de resultados antes del 29 de junio, mientras que el 30 de octubre es la fecha límite para entregar la totalidad de los informes contemplados en el plan anual de auditoría.
“Ante ello ya tenemos listo el primer paquete que vamos a entregar a la Comisión de Vigilancia. Es una cantidad pequeña y se trata sobre todo de municipios que manejan poco presupuesto” indicó.
Es así porque entre el 30 de abril en que los entes públicos entregan por ley la cuenta pública del ejercicio fiscal anterior, y el 29 de junio existe muy poco tiempo para que la ASE haga su trabajo.
“Por eso es que comenzamos a revisar los Ayuntamientos y organismos públicos descentralizados que manejan poco presupuesto” reiteró.
Explicó que anteriormente los informes de resultados se entregaban el 30 de noviembre, por lo que la Comisión de Vigilancia tenía muy poco tiempo para dictaminar.
“Con este cambio en la ley ahora los diputados podrán adelantar ese proceso de dictaminación para que no se les concentre todo en diciembre” mencionó.
Recordó que también están pendientes de revisar decenas de cuentas públicas del 2016, debido a que la ASE hizo observaciones a los titulares tanto de Ayuntamientos como de organismos públicos.
El plazo para que los funcionarios y exfuncionarios den respuesta a los requerimientos, vencen en fecha distinta, pero el plazo máximo es en la segunda quincena de agosto.
Después de ello, la ASE determinará quienes aclararon las dudas sobre el destino de recursos públicos. En aquellos casos en que no se hayan solventado las observaciones se fincará responsabilidades administrativas o penales.
