ROANOKE, Virginia, EE.UU. (AP) — Los abogados de jóvenes inmigrantes que denunciaron abusos severos en un centro de detenciones en Virginia dijeron el martes que seguirán adelante con una demanda federal de derechos civiles pese a que dos de los adolescentes regresaron a sus países y un tercero no quiere ser parte de la causa.
Ted Howard, uno de los abogados en la demanda contra el Centro de Detención Juvenil de Shenandoah Valley, espera que otro joven que ha hecho acusaciones similares se sume a la querella.
The Associated Press informó el mes pasado que había declaraciones juradas de seis adolescentes latinos que detallaron abusos que sufrieron en el Centro Juvenil Shenandoah Valley. Los muchachos dijeron que los golpearon mientras estaban esposados, que permanecieron encerrados durante largos períodos en confinamiento solitario y que los dejaban desnudos y tiritando en celdas de concreto. Tres de ellos fueron nombrados como demandantes en la causa.
Howard dijo a la jueza federal Elizabeth Dillon que los tres demandantes originales no eran parte ya de la demanda. Pero agregó que otro adolescente “está ansioso por participar” y será nombrado como nuevo demandante.
Los abogados de ambas partes hablaron por teléfono con la jueza Dillon para ponerla al tanto del caso.
“Nosotros pensamos que estas acusaciones respecto a su experiencia en la instalación son lo suficientemente análogas… a las de los demandantes 1,2 y 3”, dijo Howard.
Los abogados del centro de detención han negado todas las acusaciones de abuso físico. Le pidieron a la jueza que aplace una importante audiencia en la causa de septiembre a diciembre para darles tiempo para investigar las acusaciones de la cuarta persona.
La audiencia es para considerar el pedido de los demandantes de una orden preliminar que prohibiría que el personal en el centro de detenciones imponga lo que los demandantes dicen son formas excesivas de castigos físicos.
La jueza no falló de inmediato sobre el pedido para aplazar la audiencia.
El gobernador de Virginia, Ralph Northam, ordenó a las autoridades estatales investigar las denuncias.
