José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tam.- El titular del Tribunal de Justicia Administrativa, Luis Enrique García Portales, informó que en siete denuncias por multas mal aplicadas por parte de jueces calificadores del Dos Zaragoza, el fallo fue a favor de los ciudadanos de manera que las sanciones fueron revocadas y el dinero fue reintegrado a estos últimos.
Explicó que el ciudadano tiene el derecho de acercarse a un juez calificador de dicha Delegación y pedir una argumentación de las infracciones que le son imputadas para hacer valer su derecho de réplica o defensa que lamentablemente no se le otorga.
En este caso, agregó que los servidores públicos no se apegaron al procedimiento que establece el Bando de Policía y Buen Gobierno en lo que tiene que ver con la aplicación de las multas por alteración del orden público o ingerir bebidas embriagantes en las calles o al interior de un vehículo.
“Es un procedimiento que se debe seguir en donde se le debe de dar audiencia a la persona arrestada en ese lugar y además debe de dársele una resolución por escrito de parte del juez donde se le impone la sanción derivada del Bando de Policía y Buen Gobierno por una falta administrativa”.
Los jueces calificadores tienen amplias facultades para valorar, analizar y calificar el hecho del infractor y su condición subjetiva para poder hacer un descuento o incluso una cancelación, precisó tras sostener que el juez en ocasiones solo se limita a aplicar la multa.
“Se tiene que hacer una audiencia, que escuches a la persona, que le tomes su declaración, las pruebas tanto del policía o tránsito que lo llevó ahí a la Delegación del Dos Zaragoza, entre más sean los hechos y las pruebas se debe de emitir una sanción pero además debe emitir una resolución con un papel, entonces el juez se lo brinca y simplemente impone una multa”.
Puntualizó que no por el solo hecho de que sean autoridad quiera decir que pueden aplicar multas a diestra y siniestra; ellos pueden emitir una sanción pero respetando la normatividad y el procedimiento que se establece para tal fin.
Las multas que los jueces calificadores aplican por faltas administrativas van de los mil a los mil 500 pesos, dependiendo de en qué haya incurrido el ciudadano. Y en los siete fallos de este Tribunal el dinero tuvo que ser reintegrado a los denunciantes.
