NUEVA YORK, E. U., julio 10 (Notimex)
Los altos mandos de Nicaragua son responsables de los graves abusos cometidos por fuerzas armadas y pandillas partidarias del Gobierno durante las protestas en ese país, lo que ha resultado en la muerte de al menos 270 personas, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW).
En un análisis emitido este martes, el grupo civil dijo que las autoridades deben responder por abusos graves y extendidos cometidos por sus subordinados, a quienes no han sancionado por cometer serias violaciones a los derechos humanos.
HRW recordó que desde que comenzaron las protestas el 18 de abril de 2018, al menos 270 personas han muerto y más de mil 500 han resultado heridas, en la mayoría de los casos, a manos de policías y pandillas armadas partidarias del Gobierno.
“Las evidencias disponibles indican que los funcionarios con el poder de terminar con los abusos no han tomado medidas para prevenir y sancionar las violaciones”, resaltó el documento.
Añadió que los funcionarios, en cambio, han negado categóricamente lo que está sucediendo y a menudo han responsabilizado falsamente a los manifestantes.
El presidente Daniel Ortega ha manifestado que su gobierno está trabajando para asegurar el “derecho a la paz” de los nicaragüenses y que la policía ha sido “víctima de una campaña” de descrédito.
“Mientras el presidente Ortega repite el mantra de que su gobierno está trabajando por la paz en Nicaragua, los policías bajo su supervisión siguen matando manifestantes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Vivanco añadió que “las autoridades de Nicaragua no están tomando medidas para evitar que continúen las violaciones a los derechos fundamentales y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos”.
HRW resaltó que algunos de los altos mandos responsables por los atroces abusos en Nicaragua son el presidente Ortega, quien en virtud de la legislación nicaragüense es el “jefe supremo” de la Policía Nacional.
Otros responsables son la ex comisionada general Aminta Granera, directora de la Policía Nacional y el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la misma.
Después de una visita al país en mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró numerosas evidencias que implican a la policía nicaragüense en abusos generalizados, incluyendo un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura.
La Comisión concluyó que el número de abusos sugería, de manera evidente, una “acción coordinada” para reprimir el disenso y que no se trataba de “meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad”.
La Comisión también identificó “patrones” de abuso, incluido el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, que sugieren que los abusos tenían “características de sistematicidad”.
HRW ha documentado abusos similares por parte de la Policía de Nicaragua. Las evidencias analizadas por este grupo civil incluyen testimonios de las víctimas y sus familiares, testigos oculares y abogados defensores de los detenidos; fotografías y videos; así como información proporcionada por organizaciones.
