MANAGUA (AP) — Al menos ocho médicos de diversas especialidades que atendieron a heridos en las protestas de los últimos tres meses en Nicaragua han sido despedidos del hospital público en el que trabajaban. Las autoridades sanitarias no explicaron la causa pero los afectados aseguran que fue por recibir y curar a los lesionados en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega.
Las cartas que pudo ver The Associated Press van firmadas por Judith Lejarza Vargas, directora del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en León, una ciudad 90 kilómetros al noroeste de la capital. En ellas se notifica a los doctores que se prescinde de sus servicios a partir de ese momento y que se les liquidaría como establece la ley. No hay ninguna explicación sobre la causa del despido.
La directora del hospital no aceptó entrevistas.
El doctor Javier Pastora Membreño, que era jefe del Departamento de Cirugía y Endoscopía, dijo que la decisión de la dirección del hospital evidencia el grado de represión que está sufriendo la población nicaragüense por parte del gobierno.
“Somos médicos, no terroristas”, afirmó a la AP este médico con 33 años de experiencia en la sanidad pública. “Nuestro delito es haber atendido a los heridos en las protestas o haber apoyado de alguna manera las marchas, pedir justicia, libertad y una democracia real”.
Entre los despedidos están ortopedistas, cirujanos, oncólogos, pediatras y la única infectóloga que hay en todo León.
“No sé si las autoridades del Minsa [el Ministerio de Salud] están claras de lo que significa esta decisión a nivel de atención de la población y de formación de médicos”, dijo Pastora, que el viernes realizaba un plantón fuera del hospital junto a otros médicos y centenares de ciudadanos.
Durante los más de cien días de protestas en los que lleva inmerso el país, corrió la denuncia de que en los hospitales públicos o afiliados al Seguro Social se estaba negando la atención a los heridos en marchas o procedentes del conflicto político en las calles, pero el presidente Ortega ha rechazado tajantemente tales afirmaciones.
“Es totalmente falso que en los hospitales se haya negado la atención a nadie”, dijo el mandatario esta semana en una entrevista con el canal estadounidenses Fox News.
Sin embargo, los afectados insisten en que sólo ese puede ser el motivo para expulsarles del trabajo de forma a veces muy brusca.
Aarón Delgado, un oncólogo, se encontraba realizando una cirugía a una paciente con cáncer de pecho cuando le interrumpieron para decirle que lo necesitaban en la oficina de Recursos Humanos del hospital, donde le entregaron la carta de despido.
“Ni siquiera me dejaron concluir la operación. Todo esto es porque hace un mes atendimos en las afueras del hospital a los heridos de una masacre que perpetraron paramilitares del gobierno contra ciudadanos que estaban en barricadas en los barrios de León”, dijo el doctor.
Delgado agregó que colegas suyos ya han salido del país para evitar represalias.
“El Ministerio de Salud, el Sistema de Salud de Nicaragua, nunca, en ningún momento, ha estado cerrado a ninguna atención, demostrado con las estadísticas y con las atenciones que se han dado”, aseguró la titular de este departamento, Sonia Castro, el pasado 15 de junio.
Las manifestaciones y la tensión en las calles de Nicaragua comenzaron a mediados de abril para protestar contra las reformas al seguro social aprobadas por el gobierno de Daniel Ortega pero se convirtieron en actos de repulsa al actual ejecutivo en el que se exigía la salida del presidente y que cada vez fueron reprimidos con mayor violencia.
La cifra de muertos en estos tres meses oscila entre 295 y 448, según distintos organismos de derechos humanos.
Entre todas estas muertes al menos una está causando tensiones diplomáticas: la de la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Lima, asesinada en Mangua la madrugada del 13 de julio en circunstancias aún no esclarecidas.
El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Aloysio Nunes, consideró el viernes “inaceptable” la falta de información proporcionada por las autoridades nicaragüenses.
“Las noticias que da el gobierno de Nicaragua es que fue un guardia de seguridad privada. ¿Quién? ¿Cuál es el calibre del arma? ¿En qué circunstancias ocurrió? No hubo hasta ahora esclarecimiento de ese episodio. Vamos a insistir porque nos parece una situación inaceptable”, dijo Nunes al sitio G1, luego de su participación en la 10ma cumbre de los BRICS, en Johannesburgo, Sudáfrica.
El mismo viernes la policía de Nicaragua informó a través de un comunicado, de la captura de un hombre de 42 años al que señala como el presunto responsable de la muerte de la brasileña. El detenido fue identificado como Pierson Gutiérrez Solís, un guarda de seguridad que supuestamente disparó una carabina M4 pero este rifle es un arma larga muy poco utilizada en empresas de seguridad privada.
