HOUSTON (AP) — Mientras el gobierno estadounidense aseguraba que había reunido a todas las familias que pudo, Josefina Ortiz Corrales permanecía en un centro de detención mientras su hijo adoptivo estaba al cuidado de su hija mayor.
En tanto, Paulina Gutiérrez estaba en su natal Guatemala preparando pabilos para velas con una paga de menos de 2 dólares al día y rezando por el pronto regreso de su hija de 7 años, que actualmente está en Arizona bajo custodia del gobierno estadounidense. Gutiérrez llora todas las noches cuando piensa en su decisión de haber aceptado que la deportaran con la creencia errónea de que regresaría con la menor a su país.
Centenares de familias continuaban separadas el viernes, un día después que se venció el plazo ordenado por un tribunal, sin posibilidad de reencuentro a la vista. Abogados y activistas criticaron duramente al gobierno por crear un enredo burocrático y legal que dificulta la reunión de las familias y que ha creado una situación en la que algunos tal vez nunca vuelvan a ver a sus hijos.
“No hay duda de que puede haber familias separadas de manera permanente a causa de esta política”, dijo Michelle Brané, directora de derechos de los inmigrantes en la Women’s Refugee Commission (Comisión de Mujeres Refugiadas).
El gobierno tenía hasta el fin del jueves para reunir a más de 2.500 familias que habían sido separadas en la frontera sur del país de conformidad con la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump. El gobierno dijo que había reunido más de 1.800 niños mayores de 5 años con sus padres o los entregó a patrocinadores, que a menudo son sus parientes.
Lo anterior deja a 700 que continúan separados, incluidos más de 400 casos en los que se cree los padres han sido deportados. El gobierno tendrá que presentar un plan para completar los reencuentros en el extranjero enviando a los niños a América Central, pero los grupos de defensa comenzaron a intervenir para llenar el vacío.
La Unión Americana de Libertades Civiles tiene previsto comenzar por su cuenta la búsqueda de los padres mediante una revisión de todos los casos de quienes no fueron reunidos nuevamente para ver si pueden reunificar a más familias. La organización Kids in Need of Defense ha desplegado personal en Honduras y Guatemala para facilitar las reuniones.
El gobierno dice que las madres y padres de 120 niños “renunciaron a la reunificación” y que decenas más no cumplían los requisitos para recuperar la potestad de los menores porque tenían antecedentes penales o no eran el padre biológico.
