LOS ÁNGELES, California, julio 30 (Notimex)
Una coalición de 20 procuradores estatales pidió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proteger la seguridad pública e impedir las armas impresas en 3D, imposibles de rastrear, lo que podría tener un impacto sin precedentes en la seguridad nacional.
El procurador general de California, Xavier Becerra, se unió a una coalición de 20 fiscales generales para instar al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia a abandonar un cambio abrupto reciente en la política, que permitiría que armas impresas en 3D estén disponibles sin restricciones.
“La administración Trump debería enfocarse en reducir la violencia armada, no poner armas impresas en 3D imposibles de rastrear, en manos de delincuentes peligrosos dentro y fuera del país”, advirtió Becerra en un comunicado.
“¿Por qué alguien aumentaría la carga de la aplicación de la ley y sabotearía su capacidad de mantener a las comunidades estadunidenses a salvo?”, cuestionó Becerra.
“El más reciente movimiento de la administración federal abre la puerta a un aumento en las armas de fuego ilegales, y muestra una alarmante falta de respeto por la seguridad pública y la seguridad nacional. Esto es imprudente y no debe implementarse”, aseveró.
El 29 de junio pasado el gobierno federal llegó a un acuerdo con Defense Distributed, una compañía con sede en Texas que distribuye armas descargables por internet en 3D.
Si se implementa, el acuerdo permitiría a los terroristas, criminales y otras personas peligrosas fabricar armas de fuego con impresoras 3D, que son imposibles de rastrear.
El acuerdo de conciliación también compromete al Departamento de Estado a realizar cambios reglamentarios que permitan que se carguen en Internet grandes cantidades de datos técnicos, como datos militares, información sobre armas y diseños.
En la carta, los fiscales generales argumentan que el acuerdo y las reglas propuestas que lo acompañan podrían tener un impacto sin precedentes en la seguridad pública y la seguridad nacional.
Las armas hechas por ellos mismos no estarán registradas, no se podrán rastrear y algunas pueden no ser registradas por los detectores de metales. Esto creará más cargas para la aplicación de la ley y para los estados, que enfrentarán el tráfico ilegal de armas impresas en 3D.
Con el fin de proteger a los estadunidenses, la aplicación de la ley y la seguridad nacional, los procuradores generales solicitan al gobierno federal que se retire del acuerdo y sus reglas propuestas.
Junto con California están los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawaii, Illinois, Iowa, Massachusetts, Maine, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
