Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam. – Penas de seis meses a tres años de prisión se impondrán en Tamaulipas a los despachos de abogados empresas que mediante actos intimidatorios o de hostigamiento realicen acciones de cobranza extrajudicial.
Lo anterior, luego de que la Diputación Permanente del Congreso aprobó una reforma al Código Penal del Estado, en base a una iniciativa de decreto que presentó el Partido Acción Nacional, (PAN).
La acción legislativa, que recibió el aval de los siete integrantes del órgano legislativo, adiciona el artículo 307 Bis al ordenamiento punitivo.
“Comete el delito de cobranza ilegitima la persona que por cualquier medio requiera a nombre propio o en nombre y representación de instituciones bancarias, tiendas departamentales, instituciones crediticias o cualquier otra persona física o moral, el pago de una deuda propia o de alguien con quien esté ligado por algún vínculo familiar, afectivo o que funja como referencia y aval, y este requerimiento se haga fuera de los procedimientos administrativos y judiciales previstos en la legislación de la materia, empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento” detalla el numeral.
Y añade: “(al responsable) Se le impondrá una sanción de seis meses a tres años de prisión y de ciento ochenta a trescientos setenta Unidades de Medida y Actualización, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon documentos, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión”.
Los legisladores consideraron importante la reforma porque en la actualidad existen los denominados «despachos de cobranza», cuyo objetivo principal es el de ejercer cierta clase de presión en el deudor, con tal de que este se vea forzado a pagar, logrando esto mediante diversos abusos, entre los cuales figuran las visitas y llamadas constantes o en horas inadecuadas, uso de lenguaje ofensivo, simulación de documentos judiciales como cartas y citatorios, amenazas e incluso los llamados «embargos extrajudiciales».
“En ese contexto, consideramos que las empresas de cobranza y las personas que ahí laboran, deben limitarse en sus prácticas y en determinado momento ser sancionadas por los medios excesivos y en ocasiones ilícitos que utilizan para cobrar adeudos a clientes morosos y localizarlos incluso a través de familiares o referencias” refirieron.
El coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Etienne Llano, consideró que la reforma será de mucho beneficio social porque el mecanismo extrajudicial se ha prestado a abusos contra la sociedad.
“De suyo no es malo el mecanismo de cobro porque puede impedir que un asunto llegue a instancia judicial con toda la carga que eso implica para los Juzgados, pero si ha habido un uso abusivo de este mecanismo” mencionó.
