Shalma Castillo.-
La Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas, denunciaron la utilización de instituciones públicas para inhibir el ejercicio de la defensoría legal, lo cual consideraron un agravio terrible para familia de la víctima y para la sociedad.
En un escrito dado a conocer, el referido organismo deja en claro el enérgico rechazo a la presión que la Procuraduría General de Justicia hace en contra de la labor de los abogados Martín Lozano Méndez y Pedro González Aranda, con lo cual dificultan e incluso impiden su labor profesional, «de confirmarse, se estaría dañando todo el Sistema de Procuración e Impartición de justicia en Tamaulipas».
Lozano Méndez y González Aranda, tienen bajo su actividad profesional, el caso relacionado al secuestro y muerte de la ciudadana española Pilar Garrido Santamans.
En ello, aclararon que esta Federación no se encuentra en posición al respecto, ya sea de culpabilidad o inocencia de alguien, sin embargo sí están en favor de la defensa de los derechos de todas las personas para ejercer la libertad de profesión, a procedimientos legales y transparentes, sobre todo, al derecho a la justicia.
Exigieron que las autoridades no manipulen los procesos de la impartición de justicia, y actuar con comportamiento institucional estrictamente apegado a la ética y a la ley e imparcial.
“Ambos profesionistas, reconocidos por su amplia capacidad y experiencia en materia de justicia penal, han sido colocados en circunstancias de las que puede derivar su detención, lo cual es interpretado por nuestro gremio como una posible forma de presión y desleal estratagema de la Procuraduría General de Justicia Estatal, para dificultar o incluso impedir su labor como abogados del imputado en ese asunto tan delicado”, señalan en dicho escrito.
Agregaron también, que dentro del procedimiento penal de que se trata, podría estarse afectando el derecho del imputado a una defensa adecuada, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Esto redunda en perjuicio incluso de los legítimos intereses de las víctimas, las cuales tienen derecho a la verdad, derecho que puede verse imposibilitado si el procedimiento se enrarece de tal modo que no pueda llegarse a conclusiones jurídicamente válidas”.
También te puede interesar: Abogado solicita amparo; advierte revancha oficial
