Cd. Victoria, Tam. – Recurriendo a prácticas que no son nada leales, la Procuraduría General de Justicia está jugando sucio y por eso el caso se les está saliendo de control; afirmó Jorge Fernández, padre de Jorge «N», quien se encuentra recluido en el Cedes de esta Capital acusado de asfixiar hasta causarle la muerte a su esposa la ciudadana española María del Pilar “N”.
Dijo que debido a ese tipo de prácticas su hijo se quedaría sin defensores particulares, por lo que se aplazaría la audiencia de juicio que se sigue en su contra, debido a que sus abogados buscan ampararse en contra de una orden de aprehensión presuntamente girada en su contra a petición de la propia Procuraduría.
“Están presionando a nuestros abogados con una orden entre comillas de aprehensión que nadie sabe ni de qué ni por qué, pero pues no podemos nosotros prescindir de abogado ni mi hijo puede prescindir”.
Tras referir que los abogados particulares de su hijo no asistirían a la audiencia del día de hoy al estar siendo amedrentados con una supuesta orden de aprehensión que se podría girar en su contra; Jorge González recalcó; «en dónde queda el derecho, en dónde queda el debido proceso».
«Esto es jugar sucio, no tienen nada, no les van a encontrar nada porque de lo que están hablando es algo muy viejo cuando ellos todavía laboraban para la institución en la que estaban»; enfatizó.
Fue durante el pasado fin de semana, cuando Martín Lozano Méndez, abogado defensor del detenido Jorge “N”, reveló que la Dirección de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia estaría “reviviendo” una añeja investigación en su contra para girar una orden de aprehensión en su contra y su compañero de despacho Pedro Efraín González Aranda para “descarrilarlos” del juicio seguido en contra del esposo y presunto homicida de la española María del Pilar.
Cabe señalar que debido a que Jorge “N”, acusado de privar de la vida a su esposa la ciudadana española María del Pilar “N”, asistió a la audiencia sin la presencia de sus abogados particulares, el juez de oralidad decretó la suspensión de la misma para reanudarse en diez hábiles, una vez que estuviera en posibilidad de contar con la asistencia de sus defensores.
