DALLAS, E. U., septiembre 4 (Notimex)
La administración del presidente Donald Trump está considerando incrementar el límite de comprobación de ingresos necesario para otorgar a los inmigrantes el estatus de residente permanente (tarjeta verde), como una forma de restringir la inmigración basada en la familia, de acuerdo con el Instituto de Política de Migración (MPI).
Las nuevas reglas afectarían en especial a los inmigrantes provenientes de México, Centroamérica y el Caribe.
De acuerdo con el reporte titulado “A través de la puerta de atrás: Rehacer el sistema de inmigración a través de la esperada regla de ‘carga pública’”, a los inmigrantes que ganan menos del 250 por ciento por encima de la línea de pobreza federal (62 mil dólares al año para una familia de cuatro) se les contabilizarían sus ingresos para decidir si se les otorga o no una visa.
Datos del MPI muestran que las personas con mayores probabilidades de cumplir con los requisitos de ingresos provienen de Europa, Canadá y Oceanía (Australia), mientras que los inmigrantes de México, Centroamérica y el Caribe probablemente no reúnan el límite de ingresos.
“Podría cambiar el rostro de los futuros inmigrantes que llegarán a Estados Unidos”, dijo Jeanne Batalova, analista del MPI, “pero también plantea la pregunta de qué pasará con las personas que podrían ser elegibles, pero no pueden superar los nuevos estándares”.
Debido a que las reglas consideradas podrían tener un gran impacto en la raza y etnicidad de futuros inmigrantes legales, algunos especialistas consideran que es una forma de regresar a la Ley de Inmigración de 1924, que establece cuotas sobre cuántas personas podrían inmigrar de cada país para mantener la raza y composición étnica de Estados Unidos en el momento.
La política tendrá un mayor impacto en entidades cómo Texas, debido al tamaño y los países de origen de la comunidad inmigrante en ese estado. “En términos proporcionales, es probable que Texas se vea más afectada que otros estados en Estados Unidos”, dijo Batalova.
La política también expandiría en gran medida una regla propuesta que podría agrandar dramáticamente la lista de beneficios públicos que podrían llevar a que un inmigrante sea considerado un “cargo público”.
La política propuesta podría descalificar a los inmigrantes de obtener residencia permanente o la búsqueda o renovación de una visa temporal si ellos o sus dependientes legales, incluidos los ciudadanos estadounidenses, recibieron una o más de una amplia gama de beneficios públicos.
De acuerdo con el reporte del MPI dicha política incrementaría del tres por ciento al 47 por ciento, la proporción de inmigrantes legales que se consideraría una “carga pública” en función de su uso, o el uso de sus dependientes, de los beneficios públicos.
Una determinación de cargo público (de usar beneficios públicos) pesa mucho en contra de un ciudadano no presente legalmente cuando un funcionario de inmigración está decidiendo otorgarle o negarle una tarjeta de residente permanente o una visa.
Las nuevas reglas de cargo público se aplicarían a casi la mitad de todos los inmigrantes legalmente presentes, incluidos aproximadamente 1.3 millones de residentes en Texas.
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