Redacción El Diario
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados exhortó a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas estatales, a suspender de manera “inmediata e indefinida” los procesos de evaluación para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.
Al presentar el exhorto, el diputado Iran Santiago Manuel (Morena), señaló que derivado de la Reforma Educativa “los profesores están siendo víctimas de un permanente acoso laboral al interior de las escuelas: una supervisión excesiva, aumento de carga de trabajo meramente administrativo, como la elaboración de portafolios de evidencias, planificación didáctica argumentada, elaboración de exámenes de recuperación, entre otros puntos”.
Enfatizó que desde junio pasado miles de maestros han sido notificados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que serán evaluados en su desempeño, con la conocida amenaza que conlleva el no presentarse a dicho proceso, con el estrés y preocupación que genera el perder la estabilidad laboral, al someterse a una evaluación estandarizada que desconoce la realidad que se vive al día en el aula.
Aseguró que hay una “privatización silenciosa” del sistema educativo, pues a través de los comités de participación social, las madres y padres de familia asumen los costos económicos de aspectos tales como el mantenimiento de los planteles.
Aunado a ello, agregó, “el linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión del magisterio se ha pretendido coartar”, pues, enfatizó, quienes se oponen a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, “en el mejor de los casos, han sido separados de sus empleos, y en el peor han sido levantados y desaparecidos”.
Dijo que la aplicación sesgada de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), por parte de las autoridades educativas federales y estatales, ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública, en diferentes estados del país. Sin embargo, no se cuenta con un censo actualizado sobre los afectados, ni se tienen datos precisos acerca de la cantidad de trabajadores de la educación que fueron retirados, unilateralmente, de su trabajo, aunque se estima más de 500 profesores.
A favor del exhorto, el diputado Emmanuel Reyes Carmona (PRD) destacó que la aplicación de la Reforma Educativa se ha centrado en la evaluación docente, sin implementar políticas que mejoren las condiciones en que se da el proceso de enseñanza.
Entonces, cuestionó, cómo pedir que se modernicen los métodos de enseñanza cuando muchas escuelas no cuentan con las condiciones básicas para poder enseñar; cómo hacer que después de una aplicación desafortunada de la evaluación para el desempeño de los docentes, confíen en este instrumento como un método en la mejora de la calidad educativa.
“Debemos emprender un trabajo legislativo serio y profundo que realmente tome en cuenta el contexto multicultural y económico de nuestro país para que, en lugar de buscar culpables, se asuman responsabilidades y retos y se hagan verdaderas propuestas, a fin de destinar un gasto eficiente y transparente que deje atrás la demagogia para dar paso a una política educativa de altura”, afirmó.
