Cd. Victoria, Tam.- El director administrativo de la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas, Martín Cantú Ortiz, fue denunciado penalmente por los delitos de fraude, usurpación de funciones y los que resulten, luego de haberse hecho pasar como apoderado legal de un ex trabajador del municipio de Matamoros y presuntamente presentar documentación falsa para cobrar una indemnización por más de un millón de pesos.
La demanda fue presentada ante la Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, adscrita a la Unidad General de Investigación, y quedó integrada en el expediente 503/2018, en el que también se presume responsabilidad de funcionarios municipales.
La defensa del afectado aseguró que Cantú Ortiz se ostentó en un juicio laboral como representante legal del ex empleado municipal, quien había demandado al Ayuntamiento de Matamoros, a quien le ganó y quien tuvo que pagar un millón 394 mil quinientos veinticuatro pesos, los cuales nunca llegaron a manos del ofendido.
“…Se advierte que en la comisión de los delitos que se imputan existe un concierto previo entre el apoderado del R. Ayuntamiento de H. Matamoros, Tamaulipas y el C. Lic. Jorge Martín Cantú Ortiz, quien se ostentó como representante del C. Raúl Cruz Guajardo, con el afán de lograr el indebido pago a persona distinta al suscrito…
“Hago este señalamiento, ya que resulta increíble que se haya celebrado convenio de pago con una persona que se dijo representante del C. Raúl Cruz Guajardo, sin que se haya tomado la precaución de identificar y cerciorarse de la personalidad con que comparece el C. Lic. Jorge Martín Cantú Ortiz”, refirió el afectado en su denuncia.
Asimismo, pidió que se diera vista a la Procuraduría General de la República, toda vez que fue alterada una credencial de elector, misma que fue utilizada como identificación para realizar el cobro de la indemnización, la cual se habría entregado en siete parcialidades, según confirmaron los propios abogados del Ayuntamiento.
Cabe señalar que además de esta denuncia penal, el actual Director Administrativo de la Secretaría del Trabajo ha sido señalado por supuestos trabajadores y litigantes de las juntas locales de conciliación, por presuntamente traficar con influencias y manipular expedientes para favorecer a determinados abogados afines.