CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (AP)
Por toda la Ciudad de México, edificios deshabitados con enormes grietas descansan en ángulos precarios y algunos desplazados siguen viviendo a la intemperie a un año de un sismo de magnitud 7.1 que causó 228 muertos en la capital mexicana y 141 más en los estados cercanos.
La burocracia y los obstáculos físicos y legales han demorado la demolición de cientos de estructuras inestables. En otros casos, los propietarios llevaron a cabo renovaciones meramente cosméticas, enmascarando unos daños que probablemente queden al descubierto en el próximo terremoto. La corrupción ha socavado continuamente los intentos de hacer cumplir los códigos de construcción.
Tirar edificios en una metrópolis de 21 millones de habitantes es una tarea abrumadora. “Se tiene que hacer de manera casi quirúrgica, ladrillo por ladrillo”, apuntó Rubén Echevarría, portavoz del vecindario norteño de Gustavo A. Madero.
Pero la lentitud de los derribos, y más aún de la reconstrucción, es frustrante tanto para los que perdieron sus casas como para quienes viven entre inmuebles destrozados que parece que vayan a colapsar en cualquier momento sobre las aceras y calles que siguen acordonadas desde el temblor del 19 de septiembre de 2017.
De los casi 411 edificios señalados para ser demolidos, solo se tiraron 62, y casi mil más que quedaron seriamente dañados aún no fueron reforzados.
Una mañana reciente en el moderno vecindario de Condesa, un puñado de personas regresó a un edificio de departamentos de seis plantas color salmón y beige ubicado frente a un parque al que llaman casa desde que el sismo provocó enormes agujeros en la mampostería y lo dejó inclinado hacia un lado. Acababan de enterarse de que finalmente iba a ser demolido, y trabajadores de defensa civil los llevaron uno a uno al interior para recuperar sus pertenencias (pequeños muebles, cuadros, documentos fiscales, almohadas manchadas de agua) atrapadas en el interior durante los casi 12 meses en los que nadie tuvo permitido acceder al interior.
“Verlo así, en ruinas, pues me duele. Básicamente si tu caminas por ciertas áreas de la Condesa lo que hay son ruinas”, dijo Mila Molints, una profesora de yoga y actriz de doblaje que era socia de una tienda de té ubicada en el bajo. “Y eso me parece muy triste, que de pronto hay como huecos todavía como monumentos al temblor”.
Molints dijo que las demoras han afectado a la confianza de los residentes en las autoridades locales.
“Creo que el Gobierno, finalmente, su función es proteger a sus ciudadanos”, apuntó. “Creo que vale la pena como gobierno hacerte cargo de estas situaciones, por lo menos poner atención”.
Eso parece una tarea complicada: no fue hasta tres meses después del terremoto cuando el Gobierno local aprobó leyes prohibiendo que el mismo ingeniero o arquitecto acreditase la seguridad del inmueble que había diseñado. El movimiento telúrico puso en duda la confianza de la ciudad en el autocontrol: los constructores contratan a expertos en regulación para certificar la seguridad de los inmuebles que levantan.
Una investigación del grupo civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló un caso en el que un ingeniero estructural aprobó los diseños de tres edificios que se vinieron abajo matando a decenas de personas.
