Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.- Concesionarios y permisionarios dedicados a la prestación del servicio de transporte público pidieron aplicar la ley y obligar a quienes se dedican a esta actividad al uso del sistema geo localizador satelital, es decir GPS, a efecto de tener un mejor control de ingresos.
Y es que, a la fecha, aun cuando existe la obligatoriedad en la Ley Estatal de Transporte, poco menos de la mitad de las unidades cuenta con ese dispositivo, que para el concesionario o permisionario representa una fuga importante de recursos, confirmó Ramón Hernández Manríquez.
El Secretario General de la Unión de Concesionarios Rutas Verdes en esta Capital estimó que quienes viven de esta actividad destinan en forma mensual un promedio de 300 mil pesos, como pago a checadores en rutas, como resultado de que no en todas se han equipado con GPS.
“Eso sin contar los hechos de corrupción, a los que todo ser humano puede ser susceptible, por eso es importante que el Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría del Transporte obligue a los prestadores del servicio al uso del GPS”, declaró.
Hernández Manríquez explicó que al tener un chequeo de los tiempos de recorrido en forma manual, se presta a actos de corrupción, sobre todo de aquellos operadores que prefieren dar ciertas dádivas para no ser sujetas de una sanción por ir retrasado o fuera de tiempo en las diferentes rutas.
Señaló que hay rutas que si bien los modelos de las unidades están fuera del marco legal, están equipadas con el sistema GPS, lo que les permite a los concesionarios tener un mejor control de ingreso y se evita las fugas de recursos, que de una u otra manera dañan la prestación por la pérdida que implica.
Para quienes se dedican a esta actividad, apuntó que eliminar ese tipo de fugas les permite tener certeza de los términos para cuestión de incrementos a la tarifa de transporte público.
Y es que, en la medida en que se evite toda esa fuga de dinero, los concesionarios están en condiciones de amortiguar, con el ingreso que obtienen de manera ordinaria, los costos de operación para la prestación del servicio sin necesidad, posiblemente, de gravar la economía del usuario.
