CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (AP).-
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictaminó este miércoles que la negligencia y la posible corrupción durante la construcción de la vía que se hundió en julio de 2017 fueron las causantes del accidente en el que murieron dos personas y solicitó investigar el caso de forma integral porque hasta el momento “el hecho continúa impune”.
Según una investigación de esta entidad oficial, la carretera –que une la capital con la ciudad de Cuernavaca– no contaba con los estudios ni los permisos necesarios para que se ampliara de ocho a diez carriles y no contempló los cruces de agua que podrían afectarla.
Asimismo, hubo irregularidades en el diseño, licitación y contratación de empresas, el coste de la obra se elevó un 70 por ciento más de lo previsto y tardó siete meses más en construirse. Además, hubo “un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción” por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
La carretera está en el sur de la Ciudad de México y se convirtió en un símbolo de la corrupción y la ineptitud del Gobierno, luego de que un drenaje viejo colapsó y provocó un socavón en la autopista.
Los residentes habían advertido semanas antes a las autoridades sobre el drenaje pero el ayuntamiento de Cuernavaca no hizo caso y dejó acumular la basura.
Meses después del accidente, una auditoria encontró cerca de 58 millones de dólares en pagos indebidos e irregularidades contractuales.
Dos personas, un padre y un hijo, murieron cuando el enorme socavón se tragó su automóvil pero la CNDH afirmó el miércoles que los problemas en esa vialidad y, sobre todo, el hecho de que las autoridades del estado de Morelos –donde se sitúa– no generaron las condiciones de seguridad adecuadas, fue lo que provocó dos muertes más: la de una persona que iba en moto y fue golpeada por un cabe de alta tensión suelto y la de otra persona que se cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento de peligro alguno.
Hasta el momento hay nueve funcionarios sancionados por cuestiones administrativas pero la Comisión solicitó una investigación “integral y no fragmentada” que imponga “sanciones ejemplares” que sirvan de disuasivo para que casos como este no vuelvan a presentarse.
