Rogelio Rodríguez Mendoza
La secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina, informó que existen 36 Centros de Salud en la zona rural que no funcionan por falta de médicos que quieran trabajar en ellos, debido a que le temen al problema de inseguridad pública.
En su comparecencia ante el pleno legislativo para la Glosa del Segundo Informe de labores del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y luego en conferencia de prensa, reconoció que se trata de un problema serio.
“Tenemos presupuesto. Lo que no tenemos es médicos que quieran ir a trabajar a esas comunidades, debido al problema de inseguridad. La misma población no deja entrar al personal de salud,” explicó.
Ante ello, pidió a los diputados y a los periodistas que difundan la oferta de trabajo para los médicos que quieran ir a esas comunidades rurales.
“Les encargo que si saben de algún médico que no tenga trabajo que le digan que tenemos oportunidad en el área rural”, señaló.
Dijo que la situación se generó desde hace cuatro meses, cuando el Gobierno federal modificó el tema de la prestación de servicio social por parte de los estudiantes de medicina.
Anteriormente los espacios de esos Centros de Salud eran cubiertos por prestadores del servicio social, pero ahora no hay médicos que quieran ir a cubrir esas áreas.
“Antes un estudiante cumplía un año de prestación de servicio social en los Centros de Salud rurales, pero ahora las nuevas reglas dicen que solo hará cuatro meses en ellos; otros cuatro meses en unidades médicas, y cuatro meses más en hospitales”, detalló.
Al dar respuesta a las interrogantes de los diputados, la funcionaria admitió, además, que la basificación de trabajadores es una asignatura pendiente.
“Tenemos cuatro mil 887 trabajadores de contrato, de los que mil 200 son del ámbito federal y el resto del Estado. Estamos haciendo gestiones para basificar a muchos de ellos”, mencionó.
La última ocasión en que se realizó una basificación fue en diciembre del 2016.
Dijo que la insuficiencia presupuestal ha impedido dar bases a un mayor número de trabajadores bajo contrato, pero confió en que para finales del presente año se otorgue ese beneficio a 300 empleados.
Molina reconoció también que la Secretaría de Salud enfrenta alrededor de mil demandas laborales.
Este año, destinó 36 millones de pesos para pagar laudos en los que la dependencia fue obligada a indemnizar a los trabajadores.
Dentro de su comparecencia ante los legisladores, aseguró que no hay desabasto de medicamentos en el estado.
Actualmente, aseguró, el abasto es del 93 por ciento e invitó a los diputados a hacer un recorrido por los hospitales para que constaten el hecho.
Aseguró que la falta de licitación para proveer medicamentos no ha generado desbasto.
FACILITARÁN ATENCIÓN A EXTRANJEROS DE CARAVANA
La Secretaría de Salud ofrecerá a los migrantes hondureños, que vienen en caravana, afiliarlos temporalmente al Seguro Popular para otorgarles servicio médico a su paso por Tamaulipas.
Así lo anunció Molina Gamboa en conferencia de prensa.
“Estamos preparados para recibirlos por Victoria o Tampico. Todavía no sabemos por dónde van a llegar, pero ya estamos previendo acciones de salud para atenderlos. Les vamos a ofrecer afiliarlos por 90 días al Seguro Popular, como lo hemos hecho con haitianos, africanos y cubanos que han llegado a Tamaulipas”, indicó.
De esa manera, dijo, se les dará atención médica gratuita sin ningún costo. La prioridad será para los niños.
El tema de la caravana migrante, que viene en tránsito hacia Tamaulipas con la intención de cruzar hacia Estados Unidos, ha generado incertidumbre y temor entre la sociedad y entre las mismas autoridades estatal y municipales.
Al respecto, políticos de diferentes partidos coincidieron en que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos no tienen capacidad económica para enfrentar una contingencia de ese tipo.
Ana Lidia Lúevano, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su preocupación por las consecuencias que puede generar tener entre seis mil y siete mil migrantes hondureños en las calles de cualquier ciudad fronteriza.
Apuró al Gobierno federal a diseñar un plan para atender a los miles de centroamericanos.
