Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- La reformas al Código Municipal para imponerle a los ayuntamientos y Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas) la obligación de invertir el 1.5 por ciento de su presupuesto anual en el tratamiento de aguas residuales y de los desechos sólidos son inconstitucionales, porque violentan la autonomía municipal en relación con la libre administración hacendaria, advirtió el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Etienne Llano.
Dijo que, bajo esas condiciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “meterá reversa” a las reformas, como ya lo hizo en otras entidades del país, entre ellas Tabasco y Sonora.
Aclaró que la intención de la reforma es importante porque el tratamiento de aguas residuales y la basura es una cuestión de orden público y se busca evitar problemas de salud, pero recordó que “nuestra actuación (de los diputados) debe sujetarse a las disposiciones de la Carta Magna”.
“La obligación que se está previendo establecer en el Código Municipal, consistente en que los Ayuntamientos destinen el 1.5 por ciento de su presupuesto a “proyectos ejecutivos en materia de manejo integral de residuos sólidos urbanos”, va en contra de la libertad que tienen los municipios para decidir sobre el destino del gasto público”, señaló.
Y añadió: “Dicho en términos coloquiales, nosotros, como Congreso, no le podemos decir a los ayuntamientos en qué gastar su presupuesto… ni siquiera para un fin tan loable y necesario como es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.
Etienne y otros seis de sus compañeros de bancada se negaron a aprobar el dictamen de reforma, y aunque intentaron convencer a los panistas y legisladores de otros partidos de que estaban incurriendo en una violación a la Constitución, al final la iniciativa fue avalada por el pleno legislativo con mayoría de votos.
